Lo que va mal, puede empeorar y eso es lo que está experimentando Arantxa Sánchez Vicario. Los problemas crecen para la ex tenista y, en esta ocasión, también para su marido.
El divorcio televisado de ambos se une ahora a sus problemas económicos. Y es que se enfrentarán en las próximas semanas a una petición de prisión preventiva activada por el Banque de Luxembourg, entidad a la que adeudan en estos momentos 7.563.969,44 euros.
Según cuenta La Vanguardia, esta petición sería la segunda ampliación de una querella criminal presentada en mayo de 2016 por alzamiento de bienes y fraude de acreedores en el juzgado Número 4 de Barcelona.
El banco de Luxemburgo logró una sentencia favorable por vía civil hace unos meses, pero aún no ha cobrado nada por parte de Arantxa Sánchez Vicario (46) y Josep Santacana.
Además, desde el organismo creen que han cometido nuevos delitos, por lo que volvieron a dirigirse a la vía penal a finales de enero. Esta vez dando un paso más y solicitando pena privativa de libertad.
La noticia llega en el peor momento para Arantxa. Abandonada por su marido, quien se ha llevado todo su dinero y le pide la custodia de los dos hijos que tienen en común, la ex deportista se enfrenta a un complicado divorcio que se une a la petición de cárcel por parte de la entidad bancaria.
Las deudas de Arantxa y Santacana
La historia se remonta a 2009. La ex tenista una deuda de 5,2 millones con Hacienda y, para salvarla, tuvo que suscribir un contraaval con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna.
Un año después, la entidad cumplió con la garantía bancaria y reclamó a Arantxa el dinero.
Ella, entonces, dijo no saber cuánto patrimonio tenía ni si podía disponer de ello, algo un tanto extraño puesto que la campeona de Roland Garros había revocado en 2009 ante notario los poderes que ostentaba su padre y administrador, pasando su marido a ocupar dicha figura. Desde entonces, Santacana manejaba la fortuna de Arantxa.
El banco luxemburgués demandó a la pareja en marzo de 2011 por vía civil y obtuvo una sentencia favorable en septiembre de 2013. En la misma, se condenaba a Arantxa Sánchez Vicario a abonar al banco 5,2 millones de euros más los intereses de demora.
Ante la pasividad del matrimonio, el banco decidió actuar a través de la vía penal y presentó una querella en 2015.
En todo ese tiempo, además, la entidad logró demostrar que a partir de que Santacana y Sánchez Vicario ostentaran el control de las distintas sociedades en las que ella era titular, entre las que se engloban Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investments SL e Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, y mediante las cuales se produjo la enajenación de todo su patrimonio e inversiones en España cuando ya había sido condenada por vía civil.
En este sentido, los asesores del banco luxemburgués se han encontrado una serie de movimientos durante los últimos tiempos que serían constitutivos de delitos de alzamiento de bienes y fraude de acreedores.
Todo ello ha propiciado la petición de prisión preventiva.
Desde la entidad apuntan que, en libertad, Arantxa y Josep han demostrado capacidad para seguir alejando su patrimonio mediante entramados societarios y estructuras fiduciarias, agravando así el delito por el que fueron querellados hace casi dos años. Por ello, son rotundos y solicitan cárcel o, en su defecto, una fianza de diez millones de euros.
