Nueve transportistas muertos, cientos de unidades de transporte público paralizadas y miles de salvadoreños que se apretujan en vehículos de todo tipo que cobran mucho más de lo acostumbrado y viajan bajo custodia policial y militar.
Ese es -hasta el momento- el saldo del particular «paro de transporte» que desde hace tres días afecta al más pequeño de los países centroamericanos.
El último capítulo de la confrontación entre gobierno y pandillas que amenaza con volver a hacer de El Salvador el país más violento de la región.
Para demostrar músculo e intentar forzar negociaciones con el gobierno, los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha prohibieron la circulación de transporte público a partir del lunes.
Para ello, amenazaron con matar a cualquier conductor de bus que desafiara la prohibición.
El gobierno reaccionó comprometiéndose a garantizar la seguridad de los transportistas, pero ese mismo día más de 40 rutas de buses paralizaron labores por causa de la amenaza de las maras.
Y, al final de la jornada, cinco conductores y un ayudante ya habían perdido la vida por represalias de los pandilleros, con el número de víctimas fatales aumentando a nueve en la mañana de este miércoles luego del asesinato de otro chofer en la capital.
Mientras, según el secretario de Gobernabilidad y Comisionado para la Seguridad de la presidencia, Hato Hasbún, el número de rutas que han paralizado labores a nivel nacional en estos momentos ya suma 142.
«Se está trabajando con fuerza para garantizar que la situación del transporte se vaya normalizando», dijo sin embargo Hasbún.
Aunque el secretario insistió en que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén no estaba contemplando la posibilidad de negociar con los pandilleros, con quienes la administración anterior había acordado una polémica tregua entre 2012 y 2013.
La ruptura de esa tregua produjo un rápido aumento en el número de homicidios en el país centroamericano, los que se incrementaron en un 50% durante los primeros cinco meses de 2015.
Y en los últimos meses las actuales autoridades salvadoreñas también han arreciado su ofensiva en contra de los pandilleros, quienes parecen esperar que esta nueva exhibición de músculo fuerce una nueva negociación.
Esta no es, de hecho, la primera vez que las maras recurren a este tipo de tácticas.
En agosto de 2010 el país estuvo semiparalizado por un paro similar, ordenado para intentar evitar la aplicación de una nueva ley antipandillas.
Pero el martes por la noche Sánchez Cerén descartó cualquier posible concesión en una cadena de radio y televisión.
«En ningún momento nuestro gobierno está dispuesto a negociar con los criminales», advirtió el mandatario, al tiempo que advertía que de ser necesario estaba dispuesto a ordenarle al ejército que saliera a patrullar las calles de San Salvador.
La situación, en cualquier caso, ha vuelto a relanzar el debate sobre las mejores formas de lidiar con el problema de las maras o pandillas en El Salvador.
Y, para mientras, millones de salvadoreños se las ingenian como pueden para movilizarse por el país.
