La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Patricia Navarro, anunció el 22 de abril de 2015 que el PP registrará esta misma semana en el Parlamento una Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Cámara que dé una «solución definitiva» al problema de las viviendas irregulares en Andalucía. Navarro puntualizó que la iniciativa del PP «no supondría legalizar todas esas viviendas», sino aquellas en las que haya «adquirientes de buena fe y no estén en espacios protegidos».
Comentó que en Andalucía se calcula que habría más de 250.000 familias afectadas, con especial incidencia en las provincias de Málaga y Almería, que siguen sin ver solución a un problema que en algunos casos lleva «décadas», y ante el que la Junta de Andalucía sólo ha puesto, a su juicio, «parches».
Así, citó el decreto aprobado en 2012 por el ex presidente Griñán, que preveía la adscripción de estas viviendas a la figura de ‘Asimilado Fuera de Ordenación’, «para que pudieran regularizarse y tener acceso a suministros básicos», una medida con un «ridículo impacto» de la que sólo se ha beneficiado el 0,1% de los afectados.
Navarro prosiguió recordando que la presidenta en funciones, Susana Díaz, anunció el pasado mes de septiembre una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sobre la prescripción de algunas infracciones que evitara el derribo de algunas viviendas, «de adquirientes de buena fe», medida que «no se ha llegado a materializar».
Patricia Navarro que esta situación está «manchando» la imagen de Andalucía en el exterior, ya que muchos de los afectados son extranjeros que decidieron dedicar todos los ahorros de su jubilación a trasladar su residencia a Andalucía, y ahora «viven bajo la amenaza de una orden de demolición».
Recordó que hace una semana el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo en el Senado para modificar puntualmente el Código Penal de manera que ningún comprador de buena fe pudiera ver demolida su vivienda sin ser antes indemnizados correspondientemente, «una demanda de los colectivos del afectados», algo que, consideró, si bien es una medida positiva, «no ataja la raíz del problema».
«Nuestra obligación y la de la administración competente, que es la Junta de Andalucía, es que ningún adquiriente de buena fe tenga que pasar por el trance de ver derribada su vivienda», reiteró la dirigente popular, quien abogó por una «ley de punto y final», una propuesta que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ya ha traslado a las asociaciones de familias afectadas en el transcurso de los encuentros mantenidos para escuchar y tomar nota de sus reivindicaciones.
Navarro defendió esta «Ley de Segunda Oportunidad para estas edificaciones, que suponga el punto y final para esta situación de incertidumbre y anormalidad jurídica para tantos miles de propietarios en Andalucía», provocada, a su juicio, por la «amalgama» de leyes urbanísticas en Andalucía «cuya ambigüedad y rigideces han constreñido el crecimiento natural y ordenado de los pueblos y ciudades», y la «dejación de funciones» por parte de la Junta en estos 30 años.
La iniciativa del PP andaluz insta al Consejo de Gobierno a aprobar, en el plazo de tres meses, una Ley de Segunda Oportunidad para solucionar las Edificaciones Irregulares en Andalucía, poniendo fin así al drama personal y familiar de los compradores de buena fe y eliminando los riesgos que sobre el turismo y las inversiones conlleva.
Además, pide articular medidas transitorias que permitan la habitabilidad de estos inmuebles, aunque no se traten de viviendas habituales, mientras se desarrollan los trámites de legalización de las mismas, así como revisar y reformar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su adaptación a las necesidades de desarrollo de los municipios andaluces, que en todo caso deberá ser ordenado y sostenible, evitando en el futuro este tipo de construcciones.
