La diputada del PP andaluz en el Parlamento, Marifran Carazo, afirmó el 15 de junio de 2015 ante los medios que el rechazo desleal por parte de la Junta a la reforma educativa promovida por el Gobierno de la Nación desde el primer momento responde exclusivamente a una estrategia de confrontación política que ha adoptado como única acción de gobierno ante el grave fracaso educativo que han supuesto en España y especialmente en Andalucía las anteriores leyes educativas socialistas entre las que se encuentran la LOGSE, la LOPEGCE y la LOE.
La popular, que denunció que la Junta vuelve a sumir en el caos el inicio del nuevo curso escolar, aseguró que en este marco general de confrontación política es donde debe situarse la reciente publicación de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 y cuyo único fin implícito, según dijo, «no es otro que tratar de obstaculizar, de nuevo, la aplicación de la LOMCE en Andalucía, concretamente, de aquellas enseñanzas que están previstas que comiencen a implantarse en el próximo curso 2015-2016, según lo dispuesto por la Disposición Adicional Quinta de dicha Ley Orgánica que establece su calendario de aplicación, y que afecta, sobre todo, a los cursos 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, además del 2º de FP Básica y los cursos 2º, 4º y 6º de Educación Primaria».
En este sentido, explicó que mientras el resto de comunidades autónomas han asumido la aplicación leal de la nueva Ley educativa, así como de su calendario de aplicación, la Junta continúa obstaculizando su cumplimiento a sabiendas del perjuicio que causa tanto a los centros educativos como a sus comunidades escolares, a pesar de que Andalucía constituye la demostración más palpable del fracaso que han supuesto las anteriores leyes educativas socialistas en nuestro país.
No puede olvidarse que Andalucía es una de las comunidades autónomas que desde hace décadas ocupa los peores lugares en todos los indicadores de calidad educativa publicados, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, lamentó que frente al evidente fracaso educativo de Andalucía, la consejería de Educación, en vez de aprovechar la nueva reforma educativa promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy para mejorar la grave situación en que se encuentra el sistema educativo andaluz, haya optado por tratar de «torpedear», de manera irresponsable todas las iniciativas que podrían mejorarlo.
Carazo se refirió a algunos ejemplos de la gravedad de la situación creada por la Junta a raíz de algunos de los aspectos contenidos en las citadas Instrucciones sobre la aplicación de la reforma educativa en los cursos 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato para el curso 2015-2016.
En primer lugar, aludió a la inseguridad jurídica y desconcierto provocado en los centros educativos y es que destacó que la Consejería de Educación no puede promover el incumplimiento de la LOMCE porque sitúa a los centros y a su profesorado ante la tesitura de colocarse fuera de la legalidad.
Unas instrucciones no pueden, en ningún caso, contravenir lo dispuesto en una Ley Orgánica aprobada en el Parlamento español, situando a los centros andaluces en plena inseguridad jurídica si cumplen lo dictado en dichas instrucciones.
También reiteró que además del desconcierto que supone para la ciudadanía el que sea la propia Junta la que justifique e incite al incumplimiento de una ley cuando le conviene, lo que lanza es el peligroso mensaje de que, a partir de ahora, puedan ser los centros, los profesores o los ciudadanos en general, los que decidan qué leyes están dispuestos a cumplir y cuales no.
Y en segundo lugar, hizo alusión a la debilidad de los argumentos utilizados porque, según dijo, «nadie y menos aún una administración responsable puede justificar el incumplimiento de una normativa estatal por falta de tiempo, tal y como hace la Consejería en estas instrucciones, cuando, además, esgrime como excusa argumentos fácilmente refutables».
En este punto, recordó que todas las comunidades, salvo Andalucía, han anunciado ya el cumplimiento de la LOMCE y su calendario de aplicación para el próximo curso e insistió en que la gran mayoría han tenido tiempo para adaptar en sus ámbitos competenciales la normativa estatal y ajustarse así, al calendario de aplicación previsto.
Finalmente, lamentó que «la Junta no está dudando en utilizar como rehenes de su estrategia de confrontación política al alumnado, a las familias, al profesorado y a los centros educativos a sabiendas de que son ellos las que acabarán pagando las torpezas, las ocurrencias y la mala gestión del Gobierno andaluz».
