La Guardia Civil detiene a 32 personas, 23 de ellas en Andalucía

La juez Alaya desmantela una “red criminal” con epicentro en Sevilla para amañar contratos públicos

El meollo son las «mordidas» a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas

La juez Alaya desmantela una “red criminal” con epicentro en Sevilla para amañar contratos públicos
Mercedes Alaya. EP

La juez Mercedes Alaya ha puesto en marcha una macroredada anticorrupción con la que se ha descubierto «un entramado criminal» supuestamente dedicado a amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines en administraciones de todo tipo.

La operación acumula 32 detenidos entre los que hay técnicos, empleados públicos y políticos. La mayoría de los arrestos, 23, se ha realizado en Andalucía, principalmente en Sevilla.

Fitonovo y Fiverde son las principales empresas implicadas. La Guardia Civil, encargada de la investigación, les atribuye la creación de una estructura de contactos con funcionarios y empleados públicos corruptos que supuestamente facilitaban la adjudicación de esos servicios de jardinería a cambio de comisiones.

A los implicados se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración pública, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil o delitos contra la hacienda pública.

Las actuaciones se están desarrollando en Sevilla (11 detenidos), Córdoba (4), Jaén (3), Huelva (3), Cádiz (1), Granada (1), Badajoz (2), Madrid (2), Valencia (1), Zaragoza (1), Barcelona, Lanzarote (1) y Las Palmas de Gran Canaria (1).

Se enmarcan dentro de la tercera fase de la Operación Madeja, que ha recibido una nueva denominación, Operación Enredadera, porque se centra en trabajos y adjudicaciones relacionadas con la jardinería.

Además de las detenciones, la juez Alaya ha aprovechado para citar en su juzgado a los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo, y al administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo, para ampliarles la imputación.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado para los tres, actualmente en libertad, una fianza de responsabilidad civil que suma 3,5 millones: González Palomo (dos millones), González Baró (un millón) y Macedo (0,5 millones).

Los tres se han acogido a su derecho a no declarar, informa Europa Press.

 

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