Si en adelante le notifican una multa, un expediente urbanístico o alguna resolución y en la puerta hay un ciclista, no se sorprendan.
Cuenta ‘ABC‘ que la Junta de Andalucía que ha puesto en marcha un plan piloto en la delegación territorial de Córdoba de la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, Elena Cortés, se encuentra empeñada en el uso de las dos ruedas como alternativa a la movilidad.
De momento, afirman las fuentes consultadas, se están haciendo ciertas notificaciones para ver cómo funciona el programa, los del Servicio de Transportes que es el que desarrolla las competencias, por ejemplo, para homologar y controlar el trabajo de las concesionarias de transporte interurbano. En el futuro, aseguran en la Junta, todos los papeles oficiales dejarán de llegar por motorista.
La cuestión ha originado cierto debate interno en la Consejería como consecuencia de determinados aspectos legales de la decisión. En primer lugar, tiene que ver con quién realiza la gestión. En estos momentos, todo se realizaba con personal de la empresa pública Correos y Telégrafos SA. El sistema de bicis se tiene que realizar por medio de personal de una sociedad privada que cuente con la acreditación necesaria para ello conforme a la legislación.
En segundo lugar, el problema es jurídico. Cuando se entrega una notificación, se está realizando un acto administrativo. Quien lo lleva a cabo, aunque no sea un funcionario público, actúa con presunción de veracidad, que es una característica que asiste a determinados empleados del Estado.
Y ello tiene una razón de ser. Si el administrado no se encuentra en casa y el repartidor dice que no está, ese dato, en un juicio, se le supone un grado de verdad. Lo mismo ocurre cuando el notificado rechaza la documentación oficial, lo cual es bastante habitual cuando lo que llega es una multa.
Fomento y Turismo ha tenido que desarrollar informes jurídicos para ver si era posible que personal distinto al de Correos -los mensajeros de las bicicletas- repartiese las notificaciones oficiales. El asunto parece cómico pero el informe legal concluye lo siguiente:
«A la pregunta de si es legal la notificación realizada por una empresa de mensajería privada con autorización singular, la contestación es afirmativa, pues no hay ninguna norma que no lo permita».
Sin embargo, el asesor legal de la Junta advierte de problemas futuros ya que «debe sopesarse, no obstante, que la falta de fehaciencia de las notificaciones realizadadas por mensajería privada hará recaer la carga de la prueba de la notificación en la Administración».
Lo que quiere decir que si hay pleitos, el documento que rellena el ciclista no tiene el mismo valor que el del empleado de Correos. La legislación sobre el asunto es amplia y rica. Obliga a las empresas privadas de mensajería a acreditarse como tales ante la Administración para determinados servicios.
Los papeles internos de Fomento aseguran que la Junta ha tenido que realizar una búsqueda a fondo para que la empresa que desarrolle ese trabajo cumpla con los requisitos que marca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «requisito imprescindible para poder llevar a cabo las notificaciones y que éstas se ajusten a Derecho», dice la memoria interna de la Junta.
En materia económica, los documentos internos de la Junta aseguran que los servicios serán más baratos. Ahora bien, tienen limitaciones. Solamente funciona para el núcleo urbano de Córdoba, que dispone además de varias pedanías donde desplazarse en bicicleta es para ciclistas en buen estado de forma.
IU ha impulsado la bicicleta como objetivo estratégico de mandato por medio de un plan andaluz sobre la materia que incide en la creación de carriles bici y fomenta esta alternativa.
