Una de las tesis que el PSOE andaluz y los dirigentes salpicados por la investigación del fraude de los ERE han utilizado en su defensa tiene que ver con los trabajadores que, gracias a las ayudas del conocido como ‘fondo de reptiles’, pudieron salir adelante tras un despido.
Entre los periodistas y abogados que han seguido el caso se conoce como la tesis de las criaturitas, utilizando así la expresión paternalista con que el ex director general de Empleo Javier Guerrero se refería a los beneficiarios de los fondos.
Quienes se abonan a esa tesis no niegan que por las cañerías de la Consejería de Empleo se perdiera parte de esos fondos (741 millones de euros, según los cálculos de la Fiscalía para la década 2000-2010) como consecuencia de la actuación de un grupo de aprovechados.
Pero defienden que las grandes cifras del fraude que se manejan no se corresponden con las cantidades malversadas, sino con el montante global del presupuesto manejado que, en su mayor parte, sí fue a parar a las empresas en crisis y a sus trabajadores. Y, efectivamente, parte del dinero fue a financiar despidos y prejubilaciones reales, pero los beneficiarios fueron seleccionados de manera igualmente arbitraria.
En aquella década, en la que en algunos casos bastaba con marcar el teléfono móvil de Guerrero para ser agraciado con una subvención millonaria, hubo muchas empresas y miles de empleados abandonados a su suerte por la Junta, pues ni siquiera tuvieron la opción de solicitar alguna de aquellas ayudas porque, sencillamente, ni existían convocatorias públicas ni procedimiento reglado que garantizara la igualdad de oportunidades.
La Fiscalía Anticorrupción por primera vez le ha puesto cifras a esas personas olvidadas por quienes tenían bajo su responsabilidad «el dinero de los parados andaluces», como se refiere a los fondos perdidos el Partido Popular.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público detalla que, en los años de la malversación de los fondos, hubo en Andalucía exactamente 9.461 empresas que presentaron expediente de regulación de empleo (ERE) y 120.829 trabajadores se vieron afectados por aquellos expedientes. Prácticamente ninguno de esos ERE fueron bendecidos por el maná de los fondos que arbitrariamente repartía la Junta. El número de empresas que sí recibieron fondos es de 77 y, a la vista de las irregularidades en los expedientes, no necesariamente fueron compañías en situación de crisis, como se ha demostrado en numerosos casos.
«Al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo y/o situaciones de crisis empresarial», afirma la Fiscalía Anticorrupción en su escrito, redactado en este punto casi como un lamento.
