El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha abogado por impulsar la modificación normativa necesaria que permita dar «una segunda oportunidad» a los propietarios de viviendas irregulares en Andalucía, y ha considerado que «tenemos margen legal y legislativo para poder hacerlo».
Moreno, que se ha reunido en el municipio malagueño de Vélez-Málaga con algunos de estos afectados, ha expresado el «compromiso absoluto» del PP andaluz de buscar una solución «justa, definitiva y veraz» al «caos urbanístico» que, a su juicio, existe en Andalucía, y que supone «un drama» para las 250.000 familias afectadas.
Durante su intervención, el dirigente popular ha dejado claro que su partido «no está pidiendo una amnistía general, sino una segunda oportunidad para los residentes y los propietarios, que lo merecen», y ha considerado que «es posible hacerlo, pues ya se hizo en la Comunidad de Madrid, por parte de un Gobierno socialista, con una ley de punto final que impedía que volvieran a tener los problemas que tenemos hoy día».
Moreno ha manifestado que la situación de las viviendas irregulares en Andalucía «supone un problema brutal», que ha atribuido a «la indecisión y la incapacidad de los gobernantes de la Junta de Andalucía», a cuya «falta de iniciativa y de capacidad ejecutiva» ha achacado buena parte de la inseguridad jurídica que sufren propietarios y alcaldes.
«Entre todos tenemos que buscar una fórmula para resolverlo, no podemos mirar para otro lado, tenemos que coger el toro por los cuernos y buscar soluciones», ha agregado el líder del PP-A, que ha criticado que «hasta ahora solo se ha trabajado con parches, y cada vez que llega un proceso electoral la Junta nos anuncia una nueva regularización, algo que para nosotros tiene muy poca credibilidad».
ABOGA POR UN «CONTROL FÉRREO»
Para los populares, la solución a esta problemática pasa por una modificación de la actual normativa urbanística, así como por una serie de cuestiones «prioritarias», que el PP va a llevar al Parlamento de Andalucía, como por ejemplo que se regularice la situación de todas las viviendas que no se encuentren en espacios especialmente protegidos.
Asimismo, el PP demandará «una respuesta jurídica general para los propietarios para que tengan una norma clara y segura», así como articular fórmulas para proteger a «los miles de compradores de buena fe que han sido víctimas de ese descontrol urbanístico de la Junta».
Por último, ha abogado por «una mayor agilidad y colaboración pública» para tramitar la normalización y por un «control férreo» para garantizar el cumplimiento de la ley e impedir de este modo crecimientos al margen de la misma «y que se vuelvan a producir situaciones como la actual».
