Al menos 35 personas han sido detenidas y otras tres imputadas en el marco de la ‘operación EDUende’ que investiga el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía, una nueva fase en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda la región.
Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, a lo largo del 8 de junio de 2015 han sido detenidas 30 personas y tres imputados en seis provincias andaluzas -Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada-, a los que hay que sumar otros seis arrestos en Sevilla.
En esta nueva fase de la denominada ‘Operación EDUende’, además de empresarios, las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.
El operativo se ha iniciado este lunes, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio. Entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.
TAMBIÉN FUNCIONARIOS
También van a ser detenidos numerosos funcionarios de esas cinco provincias. En esta rama del operativo se esperan en torno a 40 detenciones que tendrán lugar entre el 8 y el 10 de junio, indican las mismas fuentes consultadas.
Por su parte, en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos durante las próximas dos semanas. En este caso se trata sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta.
La mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.
EXCONSEJERO DE HACIENDA
Entre los implicados en la rama de la operación que afecta a Huelva y Sevilla se encuentra de nuevo implicado el empresario y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, en la imagen superior, quien ya fue detenido en agosto del año pasado en Cádiz.
Por el momento Ojeda no ha sido arrestado otra vez, pero las fuentes consultadas no descartan que su detención se produzca en los próximos días ya que las razones por las que se le investiga afectan a otras actividades presuntamente ilícitas que hasta ahora se desconocían y que se extienden por varias provincias andaluzas.
Pese a ser detenido en Cádiz el Juzgado de esa provincia se inhibió en favor de la investigación que lleva la jueza Mercedes Alaya en Sevilla, que en septiembre le imputó por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
33 MILLONES
En su auto la jueza recogía que «en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación», todo «a través de asociaciones controladas por él».
Entendía la juez que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos».
Desde que la UDEF comenzó esta investigación, la estrategia de los investigadores ha sido la de avanzar de abajo a arriba en la pirámide de responsabilidades. En ese sentido, los agentes especializados en delincuencia económica pasaron meses entrevistando personalmente a multitud de personas implicadas en esta trama masiva.
3.500 ENTREVISTAS
Las entrevistas (en torno a 3.500) tuvieron lugar con profesores contratados para impartir los cursos, también a personas a las que inscribían como alumnos, responsables de empresas… Todos ellos han ido ofreciendo detalles sobre las irregularidades cometidas.
En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones les obligaban a declararse autónomos para después facturarles. Los investigadores advierten de que esta práctica era la que supuestamente empleaba entre otros el propio Ojeda. En muchos otros casos los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.
«Para decir que el dinero se defraudó hay que poder demostrarlo primero», afirma uno de los investigadores. En el marco de ese proceder los expertos en delincuencia económica han ido ascendiendo en la pirámide hasta afectar de directamente a la parte política de la trama con esta ‘operación EDUende’.
