El PP andaluz alarga el culebrón de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos que investiga un juzgado sevillano y lo usa como el principal elemento para el desgaste del ejecutivo socialista de Pepe Griñán. Cada episodio que desvela el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, es más truculento que el anterior.
Este martes 24 Sanz reveló la existencia de una presunta trama de «comisiones ilegales desorbitantes» vinculada al ‘fondo de reptiles’ que la Junta destinaba a las empresas intermediarias en la tramitación de las pólizas de los ERE.
Según Sanz, este dinero, incorporado a cada una de las pólizas, podría suponer un «desfalco monumental» de fondos públicos de unos 200 millones de euros, según los datos de las denuncias que han llegado al Partido Popular. Una denuncia precedida de una información periodística anterior que ahora tiene refrendo político.
Comisiones
Sanz explicó que en algunos casos, el porcentaje que se llevaban las empresas intermediarias, que son siempre Vitalia y Uniter, se sitúa en en el 29 por ciento, rondando una media del 20 por ciento. Una cifra que supera con creces la media del mercado, que está en el 2 por ciento.
El dirigente popular denunció que la Junta haya ocultado esta información a la jueza que instruye el caso, y aseguró que el Gobierno andaluz está al corriente de estos hechos, toda vez que mientras la Fiscalía reclama 100.000 euros a algunos de los ‘intrusos’ identificados en los Expedientes de Regulación de Empleo, la Junta está reclamando en algunos casos hasta 400.000 euros.
«Mientras que la Fiscalía pide lo que se llevó de manera fraudulenta un intruso, la Junta pide lo que pagó, que es mucho más de lo que se llevó el intruso».
Responsabilidades
El secretario general del PP andaluz dijo que esta ocultación merece que la Junta «asuma responsabilidades políticas» al tiempo que emplazó al gobierno a explicar de manera inmediata «adónde ha ido el dinero, quién se ha beneficiado de las comisiones ilegales y por qué se pagaban porcentajes fuera de mercado y de ley».
Sanz añadió que esta trama abre una nueva puerta en el caso ERE, ya que, «ya no hablamos sólo de intrusos», sino del «destino final» de los fondos, algo que, a su juicio, se ha empezado a conocer con las informaciones acerca de la cocaína que comparaba el chófer del ex director general de Trabajo para ambos con dinero de los ERE. ¿Qué insinúa Sanz? Habrá que esperar al próximo capítulo.
Informes
Lo más grave es que el número dos del PP andaluz aseguró que la Junta de Andalucía conocía «desde el primer momento» que el procedimiento que se seguía en la concesión de ayudas a empresas en crisis era «irregular» y que, prueba de ello, es un informe de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía emitido en el año 2000 sobre la cobertura de las prejubilaciones del colectivo de trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina S.A (conocida como Cárnicas Molina), un ERE en el que el PP sitúa el «origen» de la trama del ‘fondo de reptiles’. Una vieja historia en la que rondan nombres sagrados del socialismo andaluz, aunque otra cosa es que pueda descubrirse algún hecho punible.
Según los datos aportados por Sanz, la intervención delegada de la Administración alertó de que contravenía la normativa europea un preacuerdo del 10 de febrero de 1999 entre la Junta y la empresa Hijos de Andrés Molina, que se metió en una caja fuerte de una entidad financiera por un motivo que desconoce pero que «llama poderosamente la atención». Ese preacuerdo, firmado por parte de la Junta por el fallecido César Braña -ex gobernador civil de Cádiz- y el intermediario y ex sindicalista Juan Lanzas, es la primera fórmula para crear el fondo de reptiles, según Sanz, quien ha señalado que el texto preveía prejubilaciones a los 48 años.
La reacción de la Junta
El Gobierno andaluz defendió este martes que la Consejería de Empleo ha entregado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, «toda la documentación» que obra en su poder relativa a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas que la juez indaga en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
Fuentes del Ejecutivo andaluz señalan que «toda la documentación que obra en poder de la Consejería de Empleo» relacionada con los hechos que investiga la juez Alaya «ha sido puesta a disposición de la Justicia, que debe ser quien finalmente dictamine la existencia de irregularidades y posibles hechos punibles».
Por lo tanto, el Gobierno andaluz reclama «máximo respeto» a la labor de la Justicia, «porque este tema se encuentra bajo instrucción judicial». Según el Ejecutivo andaluz, es «absolutamente falso, como sugiere el PP, que la Junta de Andalucía haya ocultado ninguna documentación sobre los expedientes de regulación de empleo y las pólizas».
«La Junta de Andalucía ha enviado al completo todos los expedientes que ha solicitado –la juez Mercedes Alaya–, sin restar ni un solo documento, y por iniciativa propia ha enviado además aquellos expedientes en los que pudiese haber alguna irregularidad», señala el Gobierno autonómico.
Así, ha recalcado que «la Consejería de Empleo lleva ya tiempo investigando, de forma interna, para aclarar cualquier aspecto irregular que se pueda derivar del presunto fraude de los ERE». «Acudimos a la Justicia desde el primer momento y seguiremos en nuestro afán de perseguir las irregularidades, caiga quien caiga, para recuperar hasta el último céntimo que haya podido ser mal utilizado», defiende el Gobierno andaluz.
