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Un día tras otro, ya sea mediante los puntillosos autos de la jueza Mercedes Alaya o el PP-A mostrando documentos comprometedores, el caso de los ERE sigue avanzando, y cercando, al mismísimo presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha denunciado este miércoles 15 de febrero de 2012 la existencia de un "tercer fondo de reptiles", ubicado, en este caso, en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, cuyo titular es Antonio Ávila, con el que hacer frente a pagos de carácter excepcional en relación a ayudas sociolaborales "comprometidos" por la Consejería de Empleo, "que al destaparse en el escándalo de los ERE, supo que no podía seguir con el mismo procedimiento de la partida 31L".

Cartas

En su procedimiento habitual y como ejemplo de ello, Sanz ha mostrado en rueda de prensa una carta, con fecha 14 de septiembre de 2010, enviada por parte del actual director general de Empleo, Daniel Rivera, al director de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Juan Francisco Sánchez.

En dicha misiva, el director general de Empleo le comunica que, en contestación a su carta enviada el pasado 1 de junio de 2010, es un "compromiso" acordado por los viceconsejeros de ambos departamentos, con fecha de enero de 2010, que la Agencia IDEA se haga cargo del pago del 75 por ciento de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los 199 trabajadores de Abantia Ticsa S.A.U, en ejecución del acuerdo de encomienda de Orden de 27 de abril de 2010.

Seguidamente, Rivera, imputado en la investigación del caso de los ERE, le pide a Sánchez que para "no perjudicar" a los trabajadores y empresa, se proceda a dar cumplimiento a la resolución de Orden de pago con fecha de 26 de mayo de 2010, y se abone la cantidad de 337.500 euros, con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

"Compromisos"

Sanz ha mostrado también un folio blanco con membrete de la Consejería de Empleo y fecha 21 de enero de 2010 en el que aparece escrito a mano por parte del viceconsejero de este departamento en esos momentos, el gaditnao Agustín Barberá, "Juan: éste es el tema de Abantia que hemos hablado. El compromiso que Innovación pone son 450.000 euros".

El dirigente 'popular', que ha asegurado que éste no es único caso del que su formación tiene conocimiento en relación a este "tercer fondo de reptiles", --el primero sería la partida 31L de la Consejería de Empleo y el segundo el creado en la empresa pública Invercaria--, ha explicado que este nuevo procedimiento surge por parte de Empleo en la búsqueda de "cómo ingeniárselas" para hacer frente a pagos ya comprometidos, sin hacer uso de la partida 31L.

"Una consejería da la orden a otra, que, a regañadientes y tras decir que no conoce el acuerdo, se hace finalmente cargo de un pago de 450.000 euros para una ayuda sociolaboral", ha afirmado Sanz, quien se ha preguntado cuánto dinero se habrá manejado a través de este "tercer fondo de reptiles" y cómo se puede argumentar bajo el cumplimiento de la normativa que Empleo "dé ordenes a Innovación para asumir pagos que no le corresponden".

Cercando a Griñán
El 'número dos' de los 'populares' andaluces ha afirmado que este "nuevo episodio" vincula directamente al Gobierno de José Antonio Griñán, al consejero de Empleo, Manuel Recio y al director general de Empleo, Daniel Rivera, "al que desde el Gobierno se le había quitado toda responsabilidad en este asunto, que no termina con la etapa en la que estuvo Antonio Fernández al frente de esta consejería".

Tras asegurar que cada día se extiende más "la mancha de corrupción" al Gobierno andaluz, Sanz ha considerado "muy preocupante, pero no una sorpresa" el hecho de que la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los ERE, considere en un auto que las ayudas concedidas por la Junta podrían formar parte de "un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios", lo que "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".

Tan solo veinticuatro horas antes de la denuncia de Sanz se había producido otra, en este caso de la portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, quien desveló que "Invercaria inyectó un millón de euros en una empresa", llamada Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, "que jamás tuvo actividad, que jamás presentó cuentas y que fue un timo de principio a fin". De ese millón de euros, un total de 716.000 euros se invirtieron a través de préstamos y el restante, 284.000 euros, como capital social.

"Este segundo fondo de reptiles utilizaba el mismo procedimiento que el de los EREs fraudulentos: dinero que se otorga a través de IDEA y donde no hay control ni a priori ni a posteriori", ha aseverado Soto, algo que "no digo yo, sino la Cámara de Cuentas". "Nuestra obligación es denunciar", ha asegurado, "y desde el PSOE nadie responde". "Se está utilizando de manera alegal el dinero con el que se debería estar creando empleo", ha reprochado.

Soto criticó que los socialistas "sigan obstruyendo la labor de la Justicia en lugar de crear puestos de trabajo", una ocultación de datos que reconoce la Guardia Civil en su afirmación de "falta de colaboración" por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Asimismo, la juez Alaya ha dictado en su auto que "las actas del gobierno están mutiladas".

Insistió al PSOE que "no traten de seguir engañando porque los hechos muestran la realidad". De lo contrario, "suponemos que quién calla otorga", ha asegurado Soto en relación al silencio socialista del fraude de Invercaria.

En cuanto a los conflictos internos del PSOE-A, la portavoz popular ha asegurado que "los problemas internos de un partido, problemas internos de ese partido son". No obstante, ha lamentado la "falta de ética política" y que "una persona dimita por problemas internos en un partido y no por el escándalo de los EREs", en referencia al socialista José Antonio Viera. "Es lamentable que estén centrados en sus problemas internos en lugar de estar gobernando", ha concluido.

Estafa generalizada

Pero el asunto del fondo de reptiles no fue el único en el que se centró Sanz ya que advirtió de la existencia de una "estafa generalizada y sistemática" en todos los planes de empleo de la Junta en la provincia de Cádiz, considerando "inadmisible" que un territorio con 200.000 parados esté inmerso en "continuos escándalos de fraude y presunta corrupción" en materia de políticas de empleo.

En rueda de prensa, Sanz se pronunciaba así después de que el Tribunal de Cuentas haya recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las acciones que se financiaron con las subvenciones concedidas a Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó a 16 millones de euros en 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que fueron concedidos.

Según ha indicado, dicho pronunciamiento pone "en evidencia" la gestión de 600 millones en un plan de empleo especial de Cádiz, "siendo algo inaceptable porque hay una parte de ese dinero que aparece desaparecida, una parte que no se ha gastado en lo que estipulaba la norma y otra parte que no se ha justificado".

El 'número dos' de los 'populares' andaluces ha destacado "el riesgo" que para Cádiz y Andalucía significa que el Tribunal de Cuentas exija una explicación de dónde está el dinero, algo que ha tildado de "gravísimo". Si bien, ha apuntado que éste no es el único caso de irregularidades en materia de empleo que la provincia sufre en estos momentos.

Así, según ha recordado, además del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), hay investigaciones abiertas en siete juzgados de la provincia por ayudas a empresas y ayuntamientos vinculadas al 'fondo de reptiles'; por un fraude que afecta a más de 4.000 empresas por incentivos a la contratación por parte de la Junta; por la formación para el empleo a través de determinadas empresas; por las ayudas a la contratación del colectivo de discapacitados; por el plan especial de empleo; y por el plan de reindustrialización de la Bahía, vinculado al Plan Bahía Competitiva.

En relación al plan de reindustrialización de la Bahía, el secretario general del PP-A ha apuntado que la Diputación de Cádiz, durante su gobierno socialista, el Gobierno de la Nación de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), están inmersos en otro "monumental escándalo", investigado por juzgado número 4 de Cádiz en relación a la gestión de 25 millones.

Vinculados al PSOE andaluz

Tras destacar que ya hay detenidos "vinculados al corazón del PSOE andaluz", haciendo así alusión al municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, el dirigente 'popular' ha apuntado el hecho de que, según la información del sumario de este caso, "prácticamente" la mayoría de las ayudas se conceden al entorno de un mismo empresario, Dávila Oviña, y sobre "un mismo territorio", Alcalá de los Gazules, "que no pertenece a la Bahía de Cádiz".

"El PP sospecha que ese fraude vinculado a Bahía Competitiva no debió ser gratis para los gestores del PSOE, de la agencia IDEA y del Plan Bahía Competitiva", ha afirmado Sanz, quien ha preguntado dónde estaba el "centro de decisiones" de esas ayudas vinculadas al Plan Bahía Competitiva y hasta dónde alcanza la responsabilidad de los actuales dirigentes del PSOE en la toma de decisiones.

Finalmente, ha dicho no entender cómo se puede mantener una situación como la que se vive en la provincia de Cádiz, en relación a los fraudes detectados en políticas de empleo, investigados por la justicia, "sin una sola dimisión por parte del PSOE".