El diario ABC publica este viernes 17 de febrero de 2012 que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004 y hoy dimitido secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, concedió 400.000 euros de ayuda a un empresario de El Pedroso, Eduardo Lora, de la famosa partida «L 31», bautizada como «fondo de reptiles».
No fue la única ayuda ni la más abultada, según ABC, pero tiene peculiaridades. La primera, que Lora transfirió poco después 300.000 euros del dinero recibido a la empresa «Marco de Estudio y Proyección siglo XXI», propiedad de los exconcejales socialistas de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, que eran a su vez los jefes de Sonia Viera; por tanto, la subvención directa acabó en la sociedad en la que trabajaba su hija.
La UCO de la Guardia Civil abrió una línea de investigación específica en torno al conglomerado de la Sierra Norte a finales de octubre, que ya ha empezado a dar resultados positivos, como el descubrimiento de esta última ayuda con intermediario empresarial y sentimental incluido.
Los investigadores barajan la posibilidad de que quienes la autorizaron conocieran el destino final de la misma, dada la relación que mantenía el beneficiario directo, Eduardo Lora, con los responsables de la sociedad en la que finalmente acabó, por una parte y con quien la autorizó, Viera, por otra. Esta «contaminación» familiar -un cuñado de Viera está en otro de los ERE- ha llamado la atención de los funcionarios policiales.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que «a la mayor brevedad» posible cite a declarar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, ambos imputados en la causa, todo ello al objeto de «avanzar» en la investigación.
En un escrito elevado este mismo jueves ante el Juzgado instructor, Anticorrupción pone de manifiesto que, en un auto dictado el pasado día 27 de enero de 2012, la magistrada citó a declarar el próximo día 23 de febrero al exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, «pero sin embargo no se señala fecha para la declaración en sede judicial» del resto de personas cuya imputación se detalla.
En el auto referido, la juez Mercedes Alaya imputó en el procedimiento a otras 18 personas -el total de imputados supera ya la cincuentena-, entre ellas al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y al que fuera director comercial de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.
