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La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En el auto de 36 páginas por el cual dicta su ingreso en la cárcel, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto:

"Omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía".