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El Gobierno socialista de José Antonio Griñán se ha extralimitado en los recortes sanitarios (rebajará el sueldo de los médicos en 7.200 euros anuales mientras mantiene intacta la administración paralela), pero continúa dando muestras de una debilidad interna por la ostentación.

El último ejemplo apareció este 4 de junio de 2012 recogido en las páginas del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que iniciaba la contratación de unas obras de remodelación en la Cámara autonómica.

En concreto, los trabajos requeridos, según consta en el pliego de condiciones técnicas al que accedió a este periódico, consisten en tareas de "pintura, albañilería y restauración de puertas y ventanas (barnizado) de despachos y fachadas en la sede del Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas" de la región.

Mediante resolución del 21 de mayo de 2012, un día antes de que el presidente de la Cámara regional, el socialista Manuel Gracia, anunciara una reducción salarial a los funcionarios que trabajan en ella, la Junta autorizó un derroche de 240.000 euros para dar lustre a las balconadas y dependencias interiores del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Asimismo, estas actuaciones, que comenzarán con la IX Legislatura ya empezada, al no haberse aprovechado el periodo de disolución de la Cámara, tienen un plazo máximo de ejecución de dos años y comprenden la opción de una prórroga de otro par de anualidades.

Irregularidades
Entre tanto, el cerco de la corrupción se va estrechando peligrosamente sobre el PSOE andaluz cada día que pasa. El PP desveló ayer el contenido de una documentación que la Junta acaba de remitir a la juez que investiga la trama de los ERE, Mercedes Alaya.

El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, explicó que, según dichos informes, el Consejo de Gobierno en su sesión del 9 de noviembre de 1999, estando presidido entonces por Manuel Chaves, concedió un préstamo a la empresa Hijos de Andrés Molina a cuenta de una "futura subvención" a esta entidad que aún no había sido otorgada.

Sanz indicó que el Consejo de Gobierno sabía que había informes "negativos" sobre esas asignaciones de manera directa, por lo que el Ejecutivo utilizó al IFA (luego agencia IDEA).

Así, se firmaron dos convenios, uno por parte de la Consejería de Empleo con los trabajadores y otro suscrito por la Consejería de Presidencia, que dirigía Gaspar Zarrías.

De este modo, el número dos de Javier Arenas calificó de "fraude monumental" que "se adelantara" el dinero antes de haberse concedido.

En total, la Junta destinó 7,1 millones de euros en ayudas entre 1999 y 2004 a la Asociación de Ex Trabajadores de Hijos de Andrés Molina, pese a la "disconformidad" del interventor delegado.

NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'