La magistrada que instruye el caso de los EREs ha sacudido nuevamente el socialismo al imputar a una veintena de cargos y excargos de la Junta andaluza
Proclamó Magdalena Álvarez una vez que antes partía que doblá y su pronóstico puede acabarse cumpliendo. La juez que instruye el caso de los EREs fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decidido dar «un paso cualitativo» en la instrucción con la imputación de 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.
En un auto notificado este martes 2 de julio de 2013 a las partes, la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.
Alaya recuerda que, conforme a la Ley, «corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia», motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.
A continuación, la magistrada señala que durante la época de Magdalena Álvarez, concretamente entre 2000 y 2004, «se creó» en su Consejería la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente a la Secretaría referida Antonio Estepa y como director de Presupuestos el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano.
A juicio de la juez, ambos «tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L», conocido como «fondo de reptiles».
La jueza dice que, en virtud del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas, «es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención».
Por ello, la magistrada considera que «ha llegado el momento de dar un paso cualitativo» en la instrucción «y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas» que, «en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción».
Aunque la imputación de Magdalena Álvarez haya convulsionado al socialismo, Manuel Chaves se apresuró a aparentar tranquilidad.
Así, el expresidente andaluz subrayó que la decisión de la jueza «no significa nada», sino que se debe sólo a que ha sido consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.