El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado el 23 de septiembre de 2014 iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y obligará a las empresas con actividades de gran consumo energético a auditar sus emisiones y a compensar su potencial contaminante con proyectos de absorción de CO2 si exceden los valores de referencia que sean establecidos.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, para esas grandes empresas habrá un régimen sancionador, de manera que si no llevan a cabo esas medidas se les impondrán unas multas de 30.000 euros para las faltas leves y de entre 30.000 y 60.000, para las graves. Ha querido dejar claro que el objetivo de la norma no es sancionar, sino «concienciar y que creemos un ambiente propicio en Andalucía para que tanto empresarios como ciudadanos y administraciones se adhieran voluntariamente» a las medidas que se van a incluir en la futura norma.
Ha apuntado también que las empresas, en modo alguno, se enfrentan a nuevas figuras impositivas o tasas especiales.
Según ha agregado, la futura norma se centrar principalmente en las denominadas «emisiones difusas», hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión y que la Junta aspira a reducir en 2020 hasta el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.
Para facilitar el cumplimiento de estos fines, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado; la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2; la obligación de incorporar a la planificación sectorial la consideración del impacto de cambio climático, y la integración de todo el conocimiento científico generado sobre el fenómeno en los centros de investigación andaluces.
La primera de estas medidas se concreta en la creación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento pionero en España que facilitará la participación en la lucha contra el cambio climático de todos aquellos establecimientos e instalaciones que no se incluyen en el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. El SACE se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, previsiblemente dentro de dos años desde su entrada en vigor, y tendrá dos regímenes, uno obligatorio y otro voluntario.
RÉGIMEN OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
Dentro del régimen obligatorio, los establecimientos deberán auditar sus emisiones, presentar un informe y elaborar un plan de reducción. Para las actividades de gran consumo energético, que excedan los valores de referencia establecidos, se exigirá además compensar su potencial contaminante con proyectos de absorción de CO2.
Por su parte, al régimen voluntario podrán acogerse todas aquellas actividades con menores niveles de consumo que quieran asumir los compromisos del SACE. Además de los efectos positivos que se obtienen por la mitigación de gases de efecto invernadero expulsados a la atmósfera, este sistema posibilitará también la opción de compensar las emisiones a través de proyectos de forestación, reforestación y conservación del dominio público natural.
Los proyectos de compensación de emisiones se dirigirán sobre todo a reforzar la capacidad de los bosques andaluces para absorber el carbono y actuar como sumideros naturales. También se incluyen trabajos de conservación o creación de humedales y de aumento del contenido en materia orgánica del suelo mediante la agricultura y la silvicultura.
Como medio para financiarlos, se prevé la creación del Fondo de CO2, con un patrimonio separado del resto de la Administración autonómica. Sus recursos procederán fundamentalmente de las cuotas voluntarias para la compensación, del Presupuesto de la Junta y de otras aportaciones económicas.
En el ámbito de la reducción de emisiones, la ley también respaldará a los fabricantes de productos industriales, agroalimentarios y pesqueros para el cálculo y la certificación de la denominada ‘Huella de Carbono’, instrumento que sirve para medir las emisiones de CO2 que registran las empresas en la fabricación y distribución de un producto o servicio. La Huella de Carbono será tenida en cuenta por la Administración autonómica en sus procedimientos de contratación pública.
Respecto a la planificación, la ley elevará al máximo rango normativo las iniciativas que desarrolla la Junta desde la puesta en marcha en 2002 de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Se establece así un sistema integrado por el Plan Andaluz de Acción por el Clima de carácter general y por los vigentes programas de Mitigación (para la reducción de emisiones), Adaptación (para la minimización de la vulnerabilidad del territorio) y Comunicación.
A estos planes se suman, como instrumentos complementarios, los Programas Municipales de Cambio Climático, en poblaciones de más de 50.000 habitantes. Estos documentos abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde la esfera competencial local y los incorporarán a la planificación municipal, especialmente la urbanística. Además, la norma obliga a adaptar todos los planes de la comunidad autónoma con incidencia en el cambio climático, que deberán someterse a un procedimiento específico de evaluación de impacto para su ajuste a los objetivos de la ley.
Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán y aprobarán los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que incluirá datos de contaminación por fuentes y de su absorción por los sumideros. Con el fin de coordinar estas políticas en el ámbito de la Administración autonómica, se establece también la creación de una comisión interdepartamental y de una oficina técnica de apoyo.
La consejera ha recordado que Andalucía, referente nacional en la lucha contra el cambio climático, fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar las causas y efectos de este fenómeno. Su desarrollo se concretó en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, cuyo Programa de Mitigación, que alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19% respecto a 2004. Esa reducción fue del 21 por ciento, lo que supuso 6,11 toneladas de CO2 por habitante y año.
La Junta también ha sido la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios y proyecciones sobre la incidencia del cambio climático, que constituyen la base de las medidas de minimización y protección que se adoptan a través del Programa de Adaptación, aprobado en 2010.
Entre otros instrumentos, destacan la incorporación de escenarios de clima futuro a la planificación hidrológica; el estudio de la incidencia de los cambios de temperatura y precipitaciones sobre la agricultura, y la implantación de sistemas de alerta temprana de situaciones de riesgo como olas de calor o enfermedades transmitidas por especies adaptadas a las nuevas condiciones climáticas.
