El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha defendido el 28 de octubre de 2014 que el Ejecutivo autonómico colabora siempre «en tiempo y forma» con las peticiones que se le hacen desde el ámbito judicial y, como ejemplo, ha dicho que «ya están a disposición de los tribunales» las actas de las reuniones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros –los denominados ‘consejillos’– comprendidas entre el 1 de enero de 2001 y el 18 de octubre de 2012 que la pasada semana solicitó la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
A preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez ha insistido en que la Junta siempre tiene una «posición de colaborar con la justicia» y que así lo hace «cada vez» que se le solicita información.
Además, y pese a que no ha querido entrar a valorar las últimas noticias relacionadas con la instrucción de la juez Alaya tanto en los ERE como en el caso del supuesto fraude en cursos de formación profesional para el empleo, ha destacado el «paso sin precedentes en transparencia» dado ayer por el Gobierno andaluz al publicar en su web las actas de estos ‘consejillos’ para que también los andaluces puedan consultarlas.
Respecto a la petición de la Junta de Andalucía para que se anule toda la actuación desarrollada por Alaya desde el pasado 7 de mayo en el marco de la investigación sobre los cursos de formación al considerar que la magistrada ha podido vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley para «autoatribuirse» la causa, Vázquez ha recalcado que este «recurso» se presenta porque «confiamos en la justicia y en el Estado de Derecho».
Según ha explicado, esta solicitud se hace siguiendo las indicaciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que es el «encargado de defender los intereses» del Gobierno autonómico en cualquier causa judicial.
Cuestionado en este punto sobre si, al igual que el antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta, Teodoro Montes, tenía «obligación de denunciar» las supuestas irregularidades en los cursos de formación, sus superiores también tendrían que haber ido a la Fiscalía para denunciarlas, Vázquez ha dicho que no se le puede pedir a él que «dictamine» nada respecto a esta cuestión y que, en todo caso, por parte de la Junta sólo cabe una «reflexión de carácter general» como es que «todo funcionario que observe una actitud que merezca ser llevada a los tribunales, está en su obligación de hacerlo».
«Vuelvo a repetir que tenemos un máximo respeto a las actuaciones que se producen en el seno de los tribunales. Ya habrá una sentencia definitiva en su momento. No me pidan que dictamine. Este gobierno respeta muchísimo a los tribunales, dejemos que trabajen».
OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD
En este contexto, a Vázquez también se le ha preguntado por una noticia publicada por ‘ABC’ en la que se afirma que un empresario imputado en el caso Invercaria «logró 372.221 euros» de la Junta para una sociedad de la que es administrador único desde 2005 y que participó en Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).
El portavoz ha dicho que no conoce «los detalles concretos» de esa noticia y que, de todos modos, entiende que «las adjudicaciones de cursos obedecen a la más estricta legalidad». «Y si no es así, la Junta es la principal interesada en que esta persona, si ha recibido dinero que no le correspondía, lo devuelva», ha agregado tras admitir que desconoce si desde la Administración autonómica se le ha pedido el reintegro de esta cantidad.
Respecto a otra noticia publicada en esta ocasión por ‘El Mundo’ y en la que se dice que la exdirectora general de FP para el empleo, Teresa Florido, «se interesaba por las ayudas a su cuñado», el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda –imputado en el caso de la formación–, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha dicho que «no tiene ninguna información al respecto» y ha pedido que no se le hagan preguntas «sobre supuestas declaraciones de funcionarios ante la justicia» y sobre «atestados a los que el Gobierno andaluz no tiene acceso a día de hoy». «Un gobierno no puede valorar hipótesis sino hechos si son verdad», ha apostillado.
Por último, y tras serle requerida una valoración sobre el hecho de que la Universidad de Málaga haya ratificado el nombramiento del exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano –imputado en el caso ERE–, como asesor de la Fundación ‘Andalucía Tech’, Vázquez ha advertido de que esa es una decisión que «no compete para nada» al Gobierno andaluz y que entra dentro «de la autonomía univeristaria».
