El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, no considera «afortunada ni eficaz» la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos de Sevilla, que modifica el régimen sancionador por la manipulación de los contenedores de basura y la extracción de residuos, por «ir contra la población con menos recursos, que recurre a buscar residuos materiales entre la basura y contenedores para su subsistencia».
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Maeztu ha señalado que «no cree afortunada» la medida porque «recae en las personas más vulnerables, que se encuentran en situaciones graves de precariedad e indigencia, en muchos casos», y «no parece una medida eficaz» precisamente por «ir contra la población con menos recursos».
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz entiende la responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla en el control de la salud pública y que arbitre medidas que eviten que se arroje basura en la vía pública o se saquen de los contenedores, pero la medida planteada «sanciona en la práctica al más débil».
Asimismo, Maeztu apuesta por medidas orientadas a la reinserción social, como informarles de los recursos a su alcance para no tener que buscar en la basura. «Es mejor una información de reinserción y comunicación para lo que pueden hacer para comer comida sin necesidad de hurgar en comidas que ya están en mal estado o caducadas, que una sanción pecuniaria que castiga al que no tiene recursos y al más débil».
La nueva Ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos de Sevilla entró en vigor el 28 de octubre de 2014 anciona como infracción leve la «manipulación, extracción o rebusca de los residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales»; las multas oscilan entre 90 y 750 euros, lo que ha causado malestar, puesto que se pueden ver sancionadas las personas en una situación económica más precaria y menos recursos.
