Crece la tensión entre Susana Díaz y Pedro Sánchez a propósito de la defensa de los aforados preimputados por el caso de los ERE. Lo que hasta el 16 de noviembre de 2014 había sido un asunto interno del partido, se ha convertido ahora en una guerra abierta entre el PSOE andaluz y la dirección nacional por determinar a quién le corresponde costear la defensa jurídica de los aforados señalados por la juez Mercedes Alaya.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entiende que el PSOE andaluz tan sólo debe asumir el pago de la defensa de los cuatro diputados autonómicos preimputados en el caso de los ERE. A saber: Manuel Recio, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. En cambio, los cinco aforados nacionales -los expresidentes y ahora diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera y la senadora Mar Moreno- creen que deben ser asesorados jurídicamente por Ferraz. «Susana Díaz ha dejado claro su posición este fin de semana», señalan fuentes del PSOE andaluz a Periodista Digital.
Y es en este punto en el que se producen las mayores divergencias entre ambas federaciones. Si en la andaluza están convencidos de que las minutas por los abogados debe abonarla la dirección nacional del PSOE, en Ferraz ya les han respondido que no van a asumir ese coste por lo que tendría de perjudicial en el plano político. Respaldar a los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán y creer en su inocencia hasta las últimas consecuencias es un riesgo que Pedro Sánchez no está dispuesto a correr.
SÁNCHEZ QUIERE CONTENTAR A TODOS COMO HACÍA ZAPATERO
En el primer caso se trata de una figura histórica dentro del socialismo que ocupó, entre otros cargos, la presidencia de la Junta de Andalucía durante dos décadas y la presidencia del PSOE 12 años. Si un gigante de su tamaño acaba condenado por el Tribunal Supremo supondría el primer gran escándalo de corrupción al que tendría que enfrentarse la cúpula de Sánchez. Y eso a pesar de que el origen del caso se remonte a una etapa anterior a la suya. Lo mismo sucede con Griñán, exministro de Trabajo y Sanidad y expresidente del PSOE, entre otras funciones. Por eso, el nuevo PSOE de Pedro Sánchez opta por la prudencia para evitar que una condena en firme a los expresidentes le acabe arrastrando al fango.
Mientras tanto, el propio secretario general del PSOE juega al despiste. En público asegura que está convencido de la inocencia de los expresidentes andaluces, pero en privado rechaza que la dirección del partido se haga cargo de la defensa de ambos. En ese permanente deseo de contentar a todos -y que tanto ponía en práctica el expresidente Zapatero-, el líder del PSOE sostiene que será implacable con los casos de corrupción pero también en la defensa de quienes cree que son inocentes como Griñán y Chaves.
Otro punto de fricción entre San Telmo y Ferraz tiene que ver con la contundencia que Susana Díaz ha mostrado cuando se ha referido a la corrupción socialista en Andalucía. En un principio la presidenta andaluza dijo que todos los aforados imputados deberían abandonar su escaño ipso facto. Aquello no gustó ni a los afectados ni tampoco a la dirección nacional, así que más tarde matizaría que la renuncia solo debería producirse en caso de que el Tribunal Supremo apreciara delito.
De momento, ambos seguirán en sus respectivos escaños, ya que el PSOE sabe que los expresidentes irán a declarar ante el Alto Tribunal «de parte» y no como imputados al estar amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hoy o mañana se espera que las defensas tanto de Chaves como de Griñán soliciten formalmente su personación para comparecer voluntariamente ante el Tribunal. Hasta el momento solo Gaspar Zarrías y Mar Moreno han hecho lo propio.
No hay que extrañarse de que los movimientos se estén produciendo con tal celeridad. Ayer mismo desde el seno del PSOE andaluz reconocían que no contemplan un escenario en el que Chaves y Griñán sean imputados. El secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, defendió la estrategia que está siguiendo el partido y rechazó que se estén produciendo diferencias entre Madrid y Sevilla sobre quién debe afrontar la defensa de los aforados.
LA JUNTA PIDE AUSTERIDAD A LOS JUZGADOS DE SEVILLA
Más allá de que los aforados pasen a disposición del Supremo, el caso ERE no ha terminado para Mercedes Alaya. Aunque el Alto Tribunal haya asumido la competencia de investigar si los aforados cometieron delito, esta nueva fase no implica que la magistrada quede completamente al margen. Alaya aún tiene que investigar más de 200 expedientes correspondientes a ayudas sociolaborales a empresas y prejubilaciones. La magistrada seguirá tomando declaraciones, practicando diligencias y, quién sabe, elevando el número de imputados (ahora en 229) en los próximos meses.
A buen seguro que lo hará teniendo en cuenta lo que han declarado las defensas de algunos de los imputados en la investigación iniciada en enero de 2011: que Alaya sólo ha investigado el 30% de todas las empresas que están bajo sospecha.
Tal es el tamaño de la causa que incluso la Consejería de Justicia e Interior de Andalucía ha recriminado a los juzgados de Sevilla, el de Mercedes Alaya incluido, el excesivo gasto que está soportando la Administración debido a la cantidad de notificaciones que realizan a diario. La Consejería de Justicia situó en 60.000 euros el desembolso realizado por todos los juzgados de Sevilla en septiembre. En concreto, el juzgado número seis que dirige Alaya gastó 2.000 euros por ese concepto. Esas cantidades han motivado que la consejería recomiende a los juzgados de Sevilla que racionalicen el gasto y utilicen el burofax con mesura, según apunta ABC.
