Tras conocerse la decisión de la Consejería de restituir únicamente la paga extra a los profesores de la educación pública, el Área de Educación de IU Andalucía reclama el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial entre el profesorado de la concertada y de la pública firmado en 2008.
Ya lo hizo Marina Segura, diputada andaluza de IU para asuntos de Educación, en la comisión de dicha consejería, donde expuso que «cuando dos trabajadores realizan la misma tarea es de justicia social y económica la igualdad en derechos laborales para equivalentes fuerzas de trabajo». La diputada había así mismo instado a la consejería a subsanar este «error» y «vertebrar una solución».
A pesar de no compartir el modelo de concertación educativa, IU ha valorado el acuerdo de equiparación y la fórmula del pago delegado como lo que es: una conquista de los sindicatos para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la concertada frente a la patronal. La fórmula de pago delegada nació para evitar que la patronal dispusiera a su antojo de los fondos recibidos para salarios docentes y obtuviera beneficios de los mismos.
Así, desde el Área de Educación de IU Andalucía han reivindicado un escenario en el que se complete la homologación laboral, en derechos y en deberes. Es decir: no sólo el mismo salario para la misma función, sino también el mismo acceso a la función docente, en el funcionamiento de los centros, en la participación democrática en los mismos, en el acatamiento de las normas educativas de la administración.
Como expuso Segura en la Comisión de Educación, «si con dinero público pagamos salarios por igual a los docentes de la pública y la concertada, podríamos hablar de agravio hacia aquellos docentes que se forman, que tienen que demostrar su capacidad de la administración para acceder a una plaza o que están bajo la supervisión de la administración».
Esta igualdad a todos los niveles tiene como objetivo avanzar en la creación de un modelo educativo totalmente público.
En palabras de Segura, «nuestra apuesta por la homologación completa va encaminada a plantear la supresión progresiva de la financiación pública de centros privados, facilitando la integración de forma negociada de los centros concertados en una red pública única para aquellos centros y profesorado que así lo quieran».
