La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha emprendido una maniobra de última hora para torpedear la estrategia de defensa de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo.
Alaya ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado el próximo jueves para que ratifiquen el informe en el que la magistrada sustenta sus acusaciones contra la excúpula del Gobierno autónomo.
Sin embargo, el pasado 30 de septiembre, la magistrada dictó un auto en el que rechazaba la ratificación de ese mismo informe pericial en su juzgado, un paso imprescindible para dar validez procesal a la prueba.
La juez argumentaba entonces que la ratificación debía producirse en el Supremo, ya que el informe de los interventores afectaba a aforados.
Y añadía que la ratificación del informe en su juzgado causaría «indefensión» a los ex altos cargos de la Junta andaluza.
¿Qué ha pasado para que la juez cambie de opinión en solo cinco meses de forma tan drástica?
La clave -según explican Luis Barbero y Javier Martín-Arroyo en ‘El País, está en que Griñán ha presentado en el Supremo otro informe pericial, elaborado por los catedráticos de Derecho Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, en el que se impugna la tesis de los peritos de la Intervención del Estado.
