Andalucía
El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves. EF

Amnesia colectiva en el juicio del caso ERE. E individual,  atenor de lo que le ha pasado a Manuel Chaves, durante 19 años presidente omnipotente de la Junta de Andalucí.

«No lo recuerdo, no lo conocía».

Han sido las dos frases más repetidas por el quien más mandaba en Andalucía entre 1990 y 2009, en el juicio de la pieza política del caso ERE.

Durante el interrogatorio del fiscal, ha afirmado que conocía la existencia de las ayudas sociolaborales pero «no sabía» cómo se daban.

Chaves se sienta en el banquillo por el procedimiento supuestamente ilegal para repartir estos fondos. También están acusados el expresidente andaluz José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos autonómicos más.

Chaves, que ha comenzado a declarar este 16 de abril de 2018 ante el tribunal, coincidiendo con la Feria de Abril, ha sido preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga por su conocimiento sobre las citadas ayudas.

«¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no lo sabía. No correspondía a mi ámbito de decisión. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba».

El expresidente, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación, ha subrayado:

«Las exigencias y los requisitos yo no los sabía; no era mi ámbito decisión».

El ex alto cargo se ha amparado en la confianza que tenía en sus subordinados. En este contexto, «para mí era muy difícil pensar que en la Consejería de Empleo o en la de Educación se podía establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley».

El desconocimiento y la falta de competencia han sido los ejes sobre los que ha girado su intervención en el juicio.

«No es un problema de dejación o de que queramos esconder nuestras responsabilidades. Eran unos presupuestos complejos, bastante superiores a los de bastantes países de la UE. Tenía 140 programas y miles de aplicaciones presupuestarias. Era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera debatir 140, 150 o 180 programas electorales [presupuestarios]. Era imposible debatirlos y conocerlos».

El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla enjuicia a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedieron 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010 en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.