El acoso policial contra José Manuel Soria y, en general, todo lo que representa el PP en Canarias puede volverse en contra de aquellos jefes policiales que, previa preparación mediática, protagonizaron una serie de detenciones, como las de los alcaldes de Telde y Mogán, que fueron privados de libertad ante la presencia de las cámaras, puesto que habían recibido el soplo de que iban a tener lugar dichas actuaciones. Una querella presentada por un agente que estuvo en el departamento de Información de la Policía Nacional puede dar al traste con la trama montada contra los populares canarios en los casos Faycán y Góndola.
Cuenta la edición impresa de El Mundo que este inspector fue acusado en su día por los ahora denunciados de filtrar informaciones sobre las investigaciones. Ahora, la tortilla se vira y es este mando policial el que lleva a sus compañeros ante la Justicia por los delitos de «prevaricación, denuncia falsa, falsificación de documentos públicos, revelación de secretos, violación del secreto de la correspondencia postal y omisión del deber de perseguir delitos».
La querella está dirigida contra un inspector jefe, dos jefes de grupo de la Brigada Provincial de Información de Las Palmas y contra un periodista, cómo no, del Canarias Ahora, el digital que tiene a Soria como objeto de sus frustraciones. El denunciante revela que lo que le parecía extraño era que «este tipo de investigaciones sobre corrupción fueran llevadas a cabo por la Brigada de Información, unidad policial que actúa fundamentalmente contra el terrorismo. Esas pesquisas debían haberse llevado a cabo por la Brigada de la Policía Judicial».
Curiosamente, la Brigada de Información, al comenzar las investigaciones, estaba dirigida por la comisaria Concepción de Vega que, posteriormente, qué casualidad, acabó siendo ascendida a jefa superior de Policía en Canarias. Dos de los mandos sobre los que recaen las acusaciones habían sido recompensados con la Cruz al Mérito Policial por su labor en el caso Faycán.
La querella incide también en el hecho de que las detenciones estaban perfectamente orquestadas y sincronizadas para hacer el mayor daño posible, electoralmente hablando, al Partido Popular, puesto que todos estos acontecieron entre finales de 2006 y el primer semestre de 2007. Los comicios tuvieron lugar el 27 de mayo de 2007.
El agente detalla también que «a uno de los imputados, detenido en mayo de 2007, a pocos días de las elecciones, solo le encontraron en su despacho profesional un paquete de documentos sacados de internet, en los cuales se establecía el guion de los procedimientos que se iban a seguir contra su persona, incluida la detención».
