El nerviosismo de una de las manos derechas de Casimiro Curbelo comienza a ser comprensible. Antonio Manuel Velázquez Herrera, jefe de servicio en la Consejería de Obras del Cabildo de La Gomera, sabe que está incurso en un supuesto chanchullo recalificador de una finca aprovechando, precisamente, su condición de funcionario en la corporación colombina. La propiedad, sita en la zona de El Escobonal, se pasó a la condición de turismo asimilable para que, curiosamente, alcanzase un valor muy superior al legalmente establecido. El precio colocado por Velázquez fue, ni más ni menos, de un millón y medio de euros.

La Justicia va lenta, pero el pánico se ha apoderado del PSOE. Ya en su momento, muchas de las informaciones proporcionadas por los compañeros de ABC Canarias en esta misma línea quedaron diluidas ante el 'secuestro' de los ejemplares del rotativo que tenían que llegar a los quioscos de La Gomera. Sin embargo, quienes creían que estos datos iban a quedar en el olvido pierden las formas y amenazan con querellas por doquier. De hecho, se supone que a ABC le había interpuesto otra demanda que, casualidades de la vida, aún no ha tenido mayor curso que la amenaza del señor Velázquez Herrera.

Yendo al grano, es la propia Benemérita la que en un informe reconoce que Velázquez es propietario desde 1995 de una finca rústica ubicada en la zona de El Escobonal, concretamente en el barranco de Chejelipes, en San Sebastián de La Gomera. Cuando en 2002 se abre el período de alegaciones al Plan Territorial Especial del Desarrollo Turístico, los hermanos Velázquez, Antonio y Francisco, presentaron una alegación para que su propiedad fuese considerada dentro del sector de turismo asimilable. La petición era muy interesada, ya que con una calificación así, la finca cobraba más valor, hasta 1,5 millones de euros.

El Cabildo, con una responsable del Plan Especial a la cabeza, Yasmina Fuentes, acceden a ese cambio de calificación contraviniendo la Ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística y que, literalmente, prohíben taxativamente esa calificación en propiedades que linden con un barranco público, como era este el caso, dado que El Escobonal linda con el de Chejelipes por las caras norte y este.

Y, cómo no podía ser de otra forma, otro de los implicados en esta historia es el empresario de los mil y un estudios de ingeniería, José Juan Martínez Aparicio. Resulta que su inmobiliaria, Hurakan, es la que posee los derechos de la venta de la finca de El Escobonal por millón y medio de euros. Tal y como se desprende del informe de la Guardia Civil: "Todo parece indicar que el objetivo del propietario del terreno no es el de llevar a cabo una explotación turística, puesto que está en venta; más bien parece que la obtención de esa clasificación de turismo asimilable lo sea con un fin especulativo, puesto que esa clasificación podría justificar un precio superior".

El informe de la Benemérita no elude el hecho de que Velázquez es propietario del suelo y empleado del Cabildo. Concluye que Velázquez Herrera "pudiera estar implicado en un delito de tráfico de influencias dirigido a lograr su pretensión de obtención de la calificación de su suelo como turismo asimilable".