Nuevas ilegalidades en el Cabildo de La Gomera. Un informe de Intervención de la institución gobernada por Casimiro Curbelo, al que ha tenido acceso Periodista Digital-Canarias 8, revela que se han pagado irregularmente sueldos de la corporación a los funcionarios Julio Cruz (PSOE) y Juan Eustaquio Dorta (CC). Ambos se acogieron a la llamada situación de servicios especiales, dado que el primero es diputado en el Parlamento de Canarias y el segundo ocupa el puesto de consejero-portavoz nacionalista en la propia institución colombina y queda constatado que ambos perciben las asistencias de aquellas otras administraciones en las que prestan sus servicios en función de los cargos obtenidos.
Ciñéndonos a la ley, la 53/1984, de 26 de diciembre, en la que se regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, se explicita con claridad que «no se podrá percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas dependientes de las mismas».
Asimismo, se aclara que «se entiende por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado directa o indirectamente de una prestación o servicio personal, sea una cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional».
En los casos del socialista Cruz y del coalicionero Dorta se dan, respectivamente, las siguientes circunstancias: acceso a la condición de miembro de la asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias y desempeño de cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva en la corporación local (Cabildo de La Gomera).
El informe de Intervención chocó, sin embargo, con la propuesta de la propia Secretaría del Cabildo de La Gomera. El secretario accidental, Santiago Martín Francisco, entiende que, por parte de la corporación insular, deben mantenerse las situaciones retributivas de ambos funcionarios «puesto que le fueron reconocidas a la luz de la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma». Esa normativa vendría a contravenir lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, dado que vendría a dejar sin validez la obligatoriedad de aceptar únicamente una sola percepción económica ostentado un cargo público. Según la conclusión de Secretaría, esta situación estaría validada «por la inactividad del propio Estado».
