El lío judicial de La Gaceta de Canarias, un follón del que, por el momento, parece haber escapado Pedrojota Ramírez como responsable de la alianza entre El Mundo y el rotativo canario, sigue estancando en los juzgados. A cuentagotas, se van resolviendo pequeños trámites, pero queda por resolver todo el grueso económico, indeminizaciones cuantiosas que, además, siguen creciendo en la misma medida en la que se amplía la demora a la hora de que los jueces resuelvan.
Por lo pronto, cuentan los compañeros de El Digital de Canarias, «son ahora son los juzgados quienes han tomado la palabra en torno a la aventura del grupo Salatín», que es la empresa matriz que se hizo con la propiedad accionarial de La Gaceta de Canarias. «De entrada, el juzgado número 2 de lo social en relación a la batalla de cuatro trabajadores contra todo el entramado empresarial, que se ha llevado por delante incluso al abogado Juan Miguel Munguía Torres, ha ordenado ampliar la demanda, contra Salatín Promociones SLU, Periódicos y Revistas de las Islas Canarias, La Gaceta de Canarias, Fernando Suárez Peña, Domingo Peña Suárez (que quiso siempre estar fuera de esta jugada), Gabriel García Casado y Alejandro León Martín».
Además se ha dado la circunstancia que esos mismos trabajadores han dejado fuera a la empresa editora de El Mundo, ya que sus dardos van solamente a los ex socios canarios de Pedrojota Ramírez, en su fallida aventura editorial en el Archipiélago. También se conoce la primera resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre un recurso a una sentencia del juzgado de lo social número 6, en la que el alto tribunal le salva los muebles a Ignacio Feliciano Pérez en parte, pero deja toda la sentencia intacta en lo que a reclamaciones de cantidad se trata y amplía su condena a Medios Informativos de las Islas Canarias SA y a Fernando Peña Suárez, que es la clave de todo este desbarajuste.
Lo que sí es novedoso es la defenestración del letrado Juan Miguel Munguia Torres. Este personaje actuó como administrador concursal de La Gaceta de Canarias y, entre sus ‘hazañas’ se permitió el lujo de discriminar a los trabajadores y pagar a unos sí a y a otros no, en función de los criterios de amistad de la consejera delegada, Elena Rodríguez Darias, pareja del empresario Fernando Peña). De hecho, en uno de los tantos juicios que ha habido, se descolgó en octubre de 2009 con que ya no había razón de que continuase el concurso porque no había producto y no había trabajadores. De traca.
Lo cierto es que las artimañas de Fernando Peña llegan a tal punto que hasta ‘convencen’ a su tío, Domingo Peña, para que no insista en ofrecer documentación sobre el particular a la parte afectada. El clan Peña tiene mucho que ocultar y, a pesar de las desavenencias familiares, con cruces de denuncias, estancias en comisaría y hasta cambio de cerraduras en la sede de la constructora Salatín, la familia es la familia y Fernando Peña sigue actuando como una fotocopia (de las malas) de El Padrino…moroso y tranquista.
