Póngase en el siguiente escenario. Usted opta a una beca de investigación por un período de 4 años, con una remuneración mensual en torno a los 1.100 euros, es decir, alrededor de los 50.000 euros cuando concluya su período formativo. Echa la instancia, presenta todos los documentos y queda en el primer puesto de la lista de reserva, pero con la seguridad de que al final se hará acreedor a esa beca porque tres personas que habían obtenido la misma no cumplen con alguno de los requisitos estipulados. Sin embargo, le dicen que no, que sólo ha habido un error formal y se tiene que quedar en su casa esperando a una mejor ocasión.
Esto mismo es lo que le ha sucedido a Illa Rivero Losada, licenciada en Física por la Universidad de La Laguna y que no tiene reparo alguno en llegar hasta el final para que se le reconozca que ella se ha hecho acreedora a una de las becas para la realización de tesis doctorales que ha convocado la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, órgano dependiente del Gobierno de Canarias.
Rivero arguye que «las bases de la convocatoria especifican que para acceder a las ayudas es necesario acreditar la residencia en Canarias por un período mínimo de tres años anteriores a la solicitud. Sin embargo, hay tres personas que se han beneficiado de ellas, incluso incorporadas y cobrando sin satisfacer este requisito».
La afectada añade que la propia Agencia Canaria de Investigación ha reconocido esta irregularidad, pero lo reduce todo «a un mero error de forma que no implica que haya que revocar todo el proceso». Sin embargo, para el abogado de Illa Rivero la situación no es como la pinta el ente que dirige Juan Ruiz Alzola y, agotada ya la vía administrativa, se ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo, un trámite que, tal y como marcha la Justicia, irá bastante lento, algo que desespera a la propia licenciada.
Y es que dentro de toda esta historia hay un hecho mucho más sonrojante. Seis personas que habían obtenido sus becas, meses después renunciaron a seguir con las mismas por diferentes motivos, bien porque habían obtenido otras mejores o incluso por cuestiones laborales. Lo cierto es que estas becas están subvencionadas en un 70% por fondos de la Unión Europea y ésta envía íntegramente su parte de la financiación de esos cuatro años, por lo que la pregunta lógica que se hace Rivero Losada es «¿qué pasa con ese dinero restante que no se va a utilizar? ¿se pierde, se devuelve o qué?»
La idea de Illa Rivero era la de hacer su tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias y aún conserva un hilo de esperanza de que la Justicia le dé la razón. Es que, argumenta, «estas becas se han regido con las mismas bases desde 2008 y sé que hay personas que no optaron a las mismas porque no cumplían con uno de los requisitos, lo de los tres años de residencia en las Islas, así como acreditar que los ingresos familiares son generados en el Archipiélago». Incluso, aclara, «en mi caso hubo una serie de méritos que no tenía en las dos primeras convocatoria, por lo que tuve que esperar a la siguiente (2010) para poder optar a esa beca y ahora me veo en una situación desesperada porque quiero investigar y veo que no me dejan».
Desde la propia Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información se señala que en todo proceso selectivo puede haber irregularidades, pero para eso están los conductos reglamentarios que las resuelvan. Según manifiestan, no les consta que se haya producido una irregularidad manifiesta que haya producido la exclusión de becarios que tuviesen derecho a esa subvención.
