Ante las revelaciones que emergen este 30 de octubre de 2011 sobre el supuesto enriquecimiento del ex senador socialista Casimiro Curbelo, el mismo que protagonizó un altercado en una sauna, cabe hacerse una pregunta tan urgente como políticamente incorrecta.

¿Llegaría a tales niveles de prepotencia e incivismo -el episodio del prostíbulo- y de corrupción -presuntos cohechos por valor de casi dos millones de euros- si no fuera por su condición y blindaje de cargo público?

¿Se ha convertido en la España del siglo XXI, el puesto de servidor público en bandera corsaria para convertir la vara municipal o el sillón de presidente regional en cortijo particular?

Estas preguntas deberían abrir una seria reflexión sobre la degeneración del sistema y la necesidad de un rearme ético para proteger el Estado de derecho del abuso y la arbitrariedad. El caso de Casimiro Curbelo, actual secretario general del PSOE en La Gomera y presidente del Cabildo insular, podría ser tomado como un ejemplo típico de la corrupción que encubren los sistemas jurídicos de protección de diputados y senadores que, pensados muy con otros fines, prestan amparo, de hecho, a posibles actividades ilegales, cuando no claramente delictivas.

La prueba es que el patrimonio personal y las cuentas bancarias de Curbelo están siendo investigadas por el juez, tras el demoledor informe de la Fiscalía sobre "extrañas operaciones", por las que pudo obtener casi dos millones de euros a cambio de recalificaciones. Es decir, que Curbelo se aprovechó supuestamente de su cargo de presidente del Cabildo -que lleva aparejadas las competencias de Urbanismo- para repartir favores y cosechar lucrativos beneficios.

El nombre de Curbelo saltó a los periódicos tras una bochornosa actuación en un prostíbulo y en una comisaría madrileña, cuando pretendió ampararse en su condición de miembro del Senado para abusar de sus privilegios parlamentarios y evitar su detención, tras agredir a miembros de la Policía. A raíz de la publicación de hechos tan vergonzosos, el PSOE se vio obligado a impedir su continuidad en el Senado. Una vez que este cacique insular perdiese su condición de aforado, se han podido llevar a cabo investigaciones sobre sus actividades en la isla de La Gomera, un lugar que Curbelo debía de considerar algo así como su satrapía particular.

Determinados políticos usan sus privilegios para pisotear la decencia y las leyes comunes y mezclan sin vergüenza sus intereses particulares y su enriquecimiento con las gestiones propias de su cargo y con lo que debería ser limpia gestión de los intereses comunes. Una tupida malla de supuesta respetabilidad crea, en la práctica, situaciones en las que la corrupción y los delitos más diversos, hasta las conductas chulescas, más propias de rufianes que de representantes electos del pueblo español, como ocurrió en el caso de Curbelo, pueden quedar fuera de cualquier clase de escrutinio.

Los diputados y senadores deberían ser los primeros en mostrar su interés en que no se pueda abusar de sus privilegios como representantes. En la próxima legislatura se deberían modificar las normas que permiten amparar conductas tan indignas como la de Curbelo. La democracia se juega mucho en conseguir una mayor transparencia de las actividades de los cargos públicos.