Canarias
Miguel Zerolo. Youtube

El término del juicio de Las Teresitas en la Audiencia Provincial de Tenerife es inminente. El telón a punto de cerrarse en un complicado escenario para todas las partes intervinientes. Las conclusiones finales de la Fiscal María Farnés han exculpado a cuatro de los trece encartados.

La decisiva declaración del ex-interventor general del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2001, Antonio Messía, respecto al desconocimiento del informe de la arquitecta municipal Pía Oramas, que tasaba los terrenos del frente de playa en 19 millones de euros que el consistorio compró en 52 millones de euros, y por tanto, los reparos que hubiera alegado Messía sobre un informe aparentemente correcto que firmó por no constar ningún expediente negativo, fue la llave de la retirada de su acusación por la Fiscal y salir libre de cargos de este juicio junto a su abogado defensor Miguel Ruiz Pons.

Las declaraciones claves que liberan del juicio a dos encartados

El ex-interventor hubiera reparado el expediente de compra-venta de Las Teresitas, si hubiese conocido el informe de Pía Oramas con la tasación inferior al precio pactado entre los empresarios y el ayuntamiento. Pero este estudio de la arquitecta nunca fue incluido en el expediente completo. La aprobación del documento por el interventor Messía con la firma del ex-secretario general José Eugenio Zárate para comprar los terrenos en 52 millones de euros, supuso su elevación al pleno municipal en el que los concejales de CC-PP-PSOE con el ex-alcalde Miguel Zerolo votaron a favor de la compra-venta por unanimidad en 2001.

La declaración del ex-secretario general Zárate en idéntico sentido al ex-interventor Messía, supuso igualmente su absolución por parte de la Fiscal y la retirada de su acusación al entenderse su desconocimiento en el expediente del informe de Pía Oramas con la tasación más baja al que nunca tuvo acceso. Zárate abandonaba el juicio liberado de este pesado yugo con su abogado Ramón González de Mesa.

Conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal con petición de cárcel

La Fiscal Farnés también retiraba la acusación contra Carlos Plasencia (hijo del empresario Antonio Plasencia) y Pedro González (hijo del empresario Ignacio González y ex-presidente del PP de Tenerife), que declararon no participar en el entramado empresarial de sus padres, sino permanecer muy al margen de la compra-venta de Las Teresitas. Sin embargo, Farnés se ratificó en la solicitud de las penas de cárcel para el resto de los encartados considerando a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González como autores en concepto de inductores y alternativamente cooperadores necesarios, al frente de ILT (Inversiones Las Teresitas).

La Acusación Popular mantiene a once encartados en el juicio

En la misma línea, la Acusación Popular encabezada por el letrado José Pérez Ventura y asistido en ocasiones por el abogado Antonio Espinosa, se sumaron con la Fiscal en retirar las acusaciones contra el ex-interventor y ex-secretario del ayuntamiento, pero manteniendo como encartados a los hijos de los empresarios y alineados con Farnés en la solicitud de penas de prisión al resto de encartados. ¿Por qué la Acción Popular iría más allá de las conclusiones definitivas de la Fiscal si su función es de mero coadyuvante? ¿Qué motivos de peso alientan a Pérez Ventura para sostener en el banquillo a Carlos Plasencia y Pedro González? ¿Se puede contemplar por derivación el enriquecimiento de los hijos de los empresarios y por tanto la devolución de la economía adquirida de sus progenitores a la que no hubieran accedido sin la compra-venta de Las Teresitas?

Solicitud de indemnización económica por la Fiscal Farnés

Las conclusiones definitivas de la Fiscal son interesadas en que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al ayuntamiento de Santa Cruz con 6.570 millones de pesetas por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales, así como la cantidad de 9.159.884 euros que establece la técnico municipal, como consecuencia del incremento de aprovechamientos producidos en las parcelas propiedad de los acusados, previamente adaptada a la cantidad equivalente al 2001. ¿Cómo contemplar la responsabilidad civil y penal con la reforma del Código Penal y la retroactividad en la aplicación de las penas además de la dilación temporal en este proceso?

El "pelotazo legal de libro"

La Acusación Popular subrayó la carga acusatoria de la Fiscal hasta el final del juicio alegando "un saqueo económico al ayuntamiento" y añadiendo a los calificativos de Farnés, el letrado Pérez Ventura, la versión de un "pelotazo legal" de libro si los empresarios hubiesen aceptado el precio de 19 millones de euros por la venta de las parcelas, calculando como ganancia posteriormente en torno a 70 millones de euros, no entendiendo por tanto, el incremento hasta 52 millones de euros, cuando los beneficios per se ya eran sumamente cuantiosos, sin necesidad de acudir a un presunto "pelotazo ilegal". ¿Por qué dar un pelotazo urbanístico si la compra-venta con tasación a la baja ya era un pelotazo en sí mismo?
Igualmente, Pérez Ventura consideró la designación de Zerolo como senador por el Gobierno de Canarias años atrás como un aforamiento intencionado, cualificación que no ostenta en la actualidad. Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Popular felicitaron el trabajo de la Policía así como del equipo de la Audiencia Provincial de Tenerife.

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se resiente descapitalizado

Por su parte el abogado del consistorio personado como damnificado recuerda la sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que anula la compra-venta de los terrenos de Las Teresitas (como clave el informe de Pía Oramas para la anulabilidad) apuntando a la nulidad del contrato "al haber causa ilícita con posible connivencia entre políticos tiempo atrás, susceptible de la aplicación del artículo 122 del Código Penal a título lucrativo o la responsabilidad civil subsidiaria".

El letrado en defensa de los intereses municipales advirtió del levantamiento del velo entre ILT (Inversiones Las Teresitas) conectada con la unidad de caja con otras empresas vinculadas a los empresarios acusados Ignacio González y Antonio Plasencia, evadiendo el cumplimiento de la sentencia del TS y descapitalizando al ayuntamiento con el desembolso de 52 millones de euros por la compra-venta y al no recuperar el capital posteriormente al declararse la nulidad, hecho discutido en otro juicio paralelo de responsabilidad civil y pendiente de la resolución penal juzgada en la presente en la Audiencia Provincial.

Conclusiones de las defensas de los políticos encartados

En el aire estaba la exculpación de dos políticos en las conclusiones de la Fiscal, pero no se materializó, prosiguiendo su agonía moral en el banquillo después de 15 años de proceso judicial, explicitado este dolor personal expresamente por sus defensas. Los ex-concejales José Emilio García Gómez (PP) y Emilio Fresco (PSOE) votaron a favor en el acuerdo plenario y unánime de la compra-venta de los terrenos de Las Teresitas en 2001 y este hecho los convirtió en acusados. Sus defensas solicitan la retirada de los cargos como cooperadores necesarios al no ser imprescindibles sus votos para la comprar las parcelas.

La defensa del ex-concejal del PP

El letrado de José Emilio García Gómez alegó "un juicio de culpabilidad fuera de la Sala de la Audiencia generando intoxicación social durante la vista oral de este proceso" defendiendo la igualdad de trato a sendos portavoces del PP y PSOE al desconocer, tal como le sucedió al ex-interventor Messía, el informe clave de Pía Oramas, que les hubiera impedido votar a favor si hubiesen tenido conocimiento del mismo. "¿Dónde está la prevaricación de los concejales que votaron a favor? ¿La ausencia de expropiación o permuta de los terrenos es prevaricar? La acusación es una realidad de matrix cuando hay una realidad contrastada. Lo que ocurrió con Caja Canarias es un pelotazo y aquí no se está juzgando y nadie dice nada, además de la lucha política dentro del PSOE que derivó en una denuncia" concluía el abogado del ex-edil popular.

La defensa del ex-concejal del PSOE

Su homónimo por el ex-portavoz socialista Emilio Fresco cargó contra la culpabilidad creada hacia su defendido en el debate social y en los medios de comunicación, tildando "un reproche político que se convirtió en un reproche penal". El abogado de Emilio Fresco no entiende porqué no está imputado el ex-edil de Hacienda José Alberto Díaz-Estévanez (CC), solicitando la liberación de los portavoces del PP y PSOE desmintiendo el argumento de la Fiscal sobre "anteponer protagonismo político a la legalidad". "¿Se tenía que haber encadenado Emilio Fresco al ayuntamiento o hacer huelga de hambre con el expediente de la playa? ¿Tiene que saber Derecho un concejal o investigar una trama en un informe urbanístico?", son dudas razonables vertidas por el letrado apostillando la cuestión política "la decisión de Fresco estaba vinculada a la Asamblea del PSOE". Según su defensa, la pena del banquillo ha sido sufrida sobradamente siendo condenado por la opinión pública, advirtiendo de la complejidad de este juicio en el que ni los peritos intervinientes se han puesto de acuerdo entre ellos.

La defensa del ex-concejal de Urbanismo de CC

El abogado defensor de Manuel Parejo (CC), visiblemente afectado, que en 2001 ocupaba el puesto de concejal en la Gerencia de Urbanismo, al que se le solicita pena de cárcel vinculado incluso como un "cerebro" en la operación de compra-venta del frente de playa, ha apelado directamente a la atenuante analógica por dilación. Además sostiene la vulneración de la Tutela Judicial efectiva en el proceso al ser secreto y no poder defenderse debidamente el ex-edil Parejo.

La defensa y conclusiones definitivas para los funcionarios y cargos de confianza encartados

"El secretario delegado de Urbanismo no tiene competencias en la elaboración del expediente de compra-venta de las parcelas, sólo daba fe sin voto, pero no es un órgano revisor de los informes" alegaba la defensa del ex-secretario Víctor Reyes, "que no tiene competencias, por tanto no puede ser acusado de prevaricar ni es cooperador necesario". El abogado de Reyes también destacó la parte negativa mediática de este juicio, valorando que el cohecho ha sido sobreseído, forzando el proceso contra Víctor Reyes, "que no cobró nada, teniendo defensa gratis en este proceso". Para la defensa no tiene sentido la acusación de la Fiscal referida a "quien paga manda".

Juan Fernández del Torco fue Magistrado y es un reconocido experto en Derecho Penal en Canarias. Tutela la defensa del ex-gerente en Urbanismo y ha basado parte de su alegato final en el Estatuto de la Gerencia, y las competencias asignadas a su defendido, para esclarecer responsabilidades adecuadamente entre los encartados así como las absoluciones. José Tomás Martín era gerente en 2001, pero sus funciones no tenían que ver con la elaboración del expediente de Las Teresitas. "Si no se demuestra la competencia no hay delito, y en el acuerdo plenario del 19/1/2001 que aprueba el acuerdo marco para la compra-venta del frente de playa el ex-gerente no tiene arte ni parte ". La función de José Tomás Martín era un simple interlocutor entre los órganos correspondientes, sin apreciar ilegalidad, ni prevaricación, ni malversación en el ex-gerente según alude Del Torco. "No voy a citar el buque insignia de ATI-CC como son Las Teresitas porque esto es política, pero había una dirección política para adquirir los terrenos. Reconozco el daño que sufren las familias de los que se sientan en la pena del banquillo" expone en la Audiencia pidiendo la absolución para Martín.

Las conclusiones definitivas de la defensa del ex-alcalde Zerolo (CC)

"Estamos seguros de que el juicio social mediático no influirá en la sentencia de la Audiencia Provincial. La prevaricación está muy alejada del marco en el que se desarrollan las acciones. Argumentar que el ayuntamiento de Santa Cruz quería estafar al pueblo no tiene fuerza. La cantidad asignada en 54 millones de euros por el Gobierno de Canarias (desde Política Territorial) es muy similar al de la compra de los terrenos en 52 millones de euros, y no se puede decir que los funcionarios del Gobierno estén relacionados con los del consistorio.

Se adopta una postura favorable para Santa Cruz al no construir el frente de playa, no existe directamente transferencia de edificabilidad entre las parcelas. Debería revisarse de oficio el tema de la Junta de Compensación, hay Derechos Humanos que no permiten confiscar bienes privados. Pía Oramas hizo una tasación a la baja, sin acuerdo entre empresarios y ayuntamiento, en un conflicto continuo de intereses. No hay acuerdo corruptor, y carece de sentido hablar de ocultación, ni delito por no incluir el informe de Pía Oramas en el expediente.

No hay actitud torticera del consistorio", explicaba en sus conclusiones el abogado Jorge Muñoz en la defensa del ex-alcalde Miguel Zerolo (CC) para el que se solicitan ocho años de prisión. También el letrado hizo alusión a los premios de lotería "se investigó hasta la punta del calcetín el premio que le tocó a Zerolo y se acreditó con el lotero, su acusación está basada en indicios. No es electoralista comprar la playa para salvarla, ni delictivo pagar un sobreprecio". Finalmente el letrado reconoció la pena del banquillo para el ex-alcalde solicitando absolución y la aplicación de la dilación indebida.

El Magistrado Juez Astor Landete ha convocado varias sesiones más pendientes el resto de las defensas de sus alegatos finales, para concluir en breve el juicio de Las Teresitas celebrado en la Audiencia Provincial de Tenerife.

"ALEA IACTA EST" : LA SUERTE ESTÁ ECHADA