Dos nombres llevan camino de comerse todo el marrón de Caja Castilla-La Mancha: Juan Pedro Hernández-Moltó e Ildefonso Ortega.
El expresidente y exdirector general de la entidad financiera pública castellanomanchega se enfrentan en solitario a un proceso judicial por la concesión de créditos y tratos de favor de los que se beneficiaron, sobre todo, «amiguetes del ladrillo».
Con todos los ojos puestos en las tarjetas black de Caja Madrid, el proceso de CCM se ha convertido en una referencia. La caja castellanomanchega, primera intervenida por el Gobierno en 2009, presenta similitudes con su homónima madrileña pero también notables diferencias. De ahí que sea tan escrutada por las diferentes partes embarcadas en los procesos de otras cajas.
Por el momento, las responsabilidades de CCM caen directamente sobre Hernández-Moltó y Ortega después de que Pablo Ruz decidiese archivar las causas contra los siete miembros de la Comisión Ejecutiva.
El único clavo al que agarrarse que han tenido ambos es al hecho de que el juez haya apreciado que no hubo enriquecimiento manifiesto. Claro que la cuestión, en este caso, no son gastos elevados de los directivos, sino la entrega de créditos millonarios a empresas y sociedades que no habrían pasado los trámites habituales para ello.
Algo que podría haber sucedido también en Caja Madrid y que constituiría una nueva lista de la vergüenza después del escándalo de las tarjetas black.
Créditos a los amiguetes del ladrillo
Algunos antiguos consejeros de la Caja castellanomanchega han reconocido que muchas de las operaciones se aprobaban por la vía de urgencia sin otra alternativa que la que tomaron algunos de ellos: abandonar el Consejo.
El problema es que, además, buena parte de esos créditos fueron a parar a empresas que dejaron tras de sí un rastro de fracaso. Es el caso de Zenit Inversiones, de la estrella estrellada Luis Portillo, que obtuvo 60 millones de euros de CCM y que terminó en liquidación en un juzgado de Sevilla.
Pero la matriz de Portillo, a partir de la que se embarcó en Colonial, no fue la única beneficiaria. El empresario consiguió cerca de otros 60 millones para la inmobiliaria en créditos. Colonial también entró en turbulencias con Portillo dentro de su accionariado, aunque, ya sin él y con el apoyo de Juan Miguel Villar Mir, volvió a remontar el vuelo.
No le fue mucho mejor a T-Solar, que pasó de ser el segundo fabricante de placas solares de España a terminar en concurso de acreedores. Y eso pese a los 65 millones en subvenciones y créditos de entidades públicas que, según varios medios, habría recibido, entre otros, de CCM pero también de Caja Burgos o Caixanova.
Otro beneficiario de los créditos de la etapa Moltó fue el Grupo Lábaro, entrado en concurso de acreedores en 2008, antes incluso de la intervención de CCM.
Entre los créditos se encuentran también los referentes a empresas de la región como Renovalia -de renovables y con participación en el aeropuerto de Ciudad Real- o el Grupo de Negocios Urbaja, de los hermanos Barco, vinculados a su vez al empresario Domingo Díaz de Mera, considerado el empresario más poderoso de Castilla La Mancha en su momento y persona muy cercana al expresidente autonómico José Bono y a su sucesor, José María Barreda.
Promotor del aeropuerto de Ciudad Real, a Díaz de Mera también le puso la lupa el juez Castro por el Caso Nóos.
La burbuja del ladrillo en Castilla-La Mancha tuvo mucho que ver con los créditos a condiciones ventajosas de CCM. Pero su estallido también afectó a la entidad pública y, de paso, a las arcas del Estado con un rescate de más de 7.000 millones de euros.
