Castilla-La Mancha

Imputan por un presunto delito de prevaricación a la cúpula socialista de Valdepeñas

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Nuevo escándalo de corrupción en el PSOE castellano-manchego

A los pocos días de que el organismo internacional Transparency Internacional situara a C-LM como la comunidad menos transparente

Castilla La Mancha, 23 de noviembre de 2010 a las 13:20
El Ayuntamiento de Valdepeñas ha infringido la ley con la intención de vulnerar un pronunciamiento judicial, causando un irregular devenir del proceso de selección, según consta en la Sentencia

El 18 de noviembre de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) ha notificado la admisión de la querella por prevaricación interpuesta por Luis Benítez de Lugo Enrich con motivo de la adjudicación ilegal de una plaza de arqueólogo municipal en Valdepeñas. El Tribunal asume el criterio del Ministerio Fiscal, que ha considerado que se cometieron diversas irregularidades durante el proceso selectivo, a fin de "perseverar en su intención de favorecer a uno de los aspirantes", según dictó en su Sentencia de 3 de marzo de 2010.

Ese nombramiento se realizó tras un amañado proceso selectivo organizado por el Ayuntamiento de Valdepeñas mediante concurso-oposición. Varios arqueólogos de diferentes zonas de España se presentaron como aspirantes a un puesto de trabajo por el que fueron engañados e instrumentalizados tras habérsela adjudicado -con una aparente transparencia y legalidad-, a Julián Vélez Rivas, quien ya trabajaba como arqueólogo municipal interino.

Poca gracia le ha hecho al presidente Barreda conocer estos hechos en un momento tan difícil como el actual, ya que no deja de ser noticia por su silencio manifiesto ante las diversas acusaciones que se le están haciendo por blanqueo de dinero. Los socialistas castellano-manchegos están nerviosos y abatidos por la cantidad de problemas que se están destapando y salpicando a los históricos dirigentes. El ranking publicado recientemente sobre la transparencia de las comunidades autónomas españolas señala a C-LM como la última en materia de contrataciones. Sucesos como el de Valdepeñas demuestran la insostenible situación de una región que parece de todo menos una comunidad autónoma de un Estado democrático y con seriedad institucional.

Entre el chispazo que ha causado la negativa de Barreda -que en algunos círculos periodísticos es más conocido como el Marqués del dinero sucio- a dar explicaciones sobre el escándalo de CCM mas el presunto blanqueo de dinero que ha llevado a cabo con su jugoso patrimonio, ha echado a arder el adorado e histórico cortijo socialista castellano-manchego.

El secretario general de los socialistas manchegos ha preferido pasar de largo y hacer, de nuevo, caso omiso de las imputaciones por el presunto delito de prevaricación en Valdepeñas -no vaya a ser que se destapen más chanchullos y le salpiquen-. Los imputados por este grave suceso son: el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín Rodríguez; el diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE-Valdepeñas, Felipe Rodríguez Aguilar; el secretario del Ayuntamiento de Valdepeñas, Manuel Villajos García; el abogado TAG del Ayuntamiento de Valdepeñas, Salvador Galán Rubio; el representante de CC.OO en dicho ayuntamiento, Juan Rodríguez Rincón; y, finalmente, la profesora Titular de la UCLM, Rosario García Huerta. Todos ellos componían el tribunal de oposición que materializó la ilegalidad.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha sentenciado contra la actitud arbitraria del Ayuntamiento de Valdepeñas hasta en dos ocasiones, pero a estas hay que sumar otras tantas del TSJ de Castilla-La Mancha. Con este panorama, la presunción de inocencia de los actores imputados está ya más que debilitada. No cabe ya alegar que no hay responsables de las tropelías condenadas en firme por el TSJ. En efecto, el Alto Tribunal ya había declarado probado que Julián Vélez Rivas fue favorecido durante la oposición organizada por el Ayuntamiento de Valdepeñas, en un proceso selectivo marcadamente irregular, y por ello le había sido quitada la condición de trabajador municipal hacía tiempo. A pesar de ello ha seguido dentro del Ayuntamiento sin mediar siquiera un concurso de méritos, sino gracias a la prepotente voluntad del Alcalde manifestada a través de un decreto.

Cabe recordar que, en materia de contratación de personal, la actuación de este Alcalde ya había quedado desacreditada cuando en 2006 el TSJ también sentenció que la actuación de un tribunal de selección presidido por el propio Martín estuvo contaminado, ya que no sólo aprobaron a un opositor que no contestó al tema requerido, sino que además le dieron la plaza (funcionario Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Valdepeñas). El TSJ exigió nombrar a otro tribunal de selección no ligado al Ayuntamiento. El afortunado es, casualmente, hijo del Interventor municipal.

Pero estos no son los únicos escándalos acontecidos en el ayuntamiento ciudadrealeño, ya que durante el mandato de Jesús Martín también se ha colocado el otro hijo del Interventor y la mujer del Secretario municipal, ahora imputado. Con ello el alcalde podría haberse asegurado el beneplácito a sus deseos de los dos supuestos guardianes del cumplimiento de la legalidad municipal.

El caso del arqueólogo municipal de Valdepeñas se ha traspasado ampliamente la línea de la legalidad, como indica de forma nítida y reiterada en el tiempo el TSJ. La discrecionalidad quedó atrás, y en su lugar ha predominado una actuación municipal calificada como uno de los grandes pitorreos políticos propios de esta panda de imputados

A través del Auto de Aclaración de la Sentencia antes citada, que fue dictado el 9 de marzo de 2010 y que es inapelable, el TSJ ha dejado al descubierto que se produjeron irregularidades en la redacción de las bases, en la computación de los méritos y también en la fase de oposición. Y ha reconocido, además, que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha causado daños morales a los opositores y ha acordado que por ello debe ser indemnizado quienes lo hayan solicitado.

Pero, a pesar de su pésima actuación, los responsables de esos daños continúan evaluando personas como si nada hubiera pasado. Todos los responsables de la ilegalidad siguen -al menos hasta ahora- trabajando en sus puestos. Y es la ciudadanía (el querellante incluido) la que ha debido sufragar sus desmanes, pagando los elevados costes de los abogados que defendieron la ilegalidad del comportamiento de los dirigentes del Ayuntamiento.

Este bochornoso escándalo que ha ocurrido en Valdepeñas demuestra los escasos escrúpulos que tienen algunos que se creen dueños del dinero y de la dignidad de toda la sociedad.



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