La autopista de peaje AP-41 entre Madrid y Toledo ha tirado la toalla.

El peso de una deuda bancaria de casi 400 millones de euros, obligaciones de pago por otros 150 millones de euros con los afectados por los terrenos expropiados por las obras y la previsión de que esta cantidad crecerá notablemente con una lista de 800 reclamaciones aún pendientes de resolución judicial, bastaron para que la empresa concesionaria solicitara el pasado 27 de abril de 2012 acogerse a la Ley Concursal para que un juez imponga un administrador que ordene los pagos.

Eplica César Urrutia en 'El Mundo' que el juez decidirá a lo largo de la semana que viene sobre el futuro de esta concesión formada por empresas como Isolux o Banco Espirito Santo, que ya a mediados de abril había advertido al Ministerio de Fomento de sus intenciones, haciéndolo corresponsable de su situación, y esta semana comunicó a bancos acreedores como Bankia o La Caixa su decisión.

En concreto, la concesionaria acusa a Fomento de no cumplir con una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que le obligan a pagarle una indemnización por haber anulado el proyecto que continuaría la autopista desde Toledo hasta Córdoba.

Una orden posterior de ejecución forzosa obligaba a Fomento a calcular y abonar esta indemnización desde hace mes y medio, pero no se ha producido. La empresa señaló entonces que, con los ingresos de la explotación, le resultaba imposible cumplir con su contrato si no era con un apoyo de los accionistas que ya no se podría mantener.

Aunque la inversión inicial de los 71 kilómetros de autopista era cercana a 400 millones de euros, la cifra final de desembolso ha sido muy superior por las ampliaciones de capital que han aportado los socios para cubrir gastos imprevistos.

Así, el coste alcanzado por las indemnizaciones a los expropiados se ha triplicado respecto al cálculo inicial, que era de 50 millones de euros. Debido a la diferencia entre los precios ofrecidos y los resueltos en sentencias judiciales, los acuerdos con expropiados apenas llegan al 1% cuando en condiciones normales, una concesión similar llega a pactar el 75% de las reclamaciones.

Por otro lado, debido a que existen alternativas gratuitas prácticamente paralelas y a que se anuló el proyecto que pretendía continuar la autopista desde Toledo hasta Córdoba, el tráfico que circula por la autopista es tres veces inferior al previsto en el plan de negocio: unos 17.000 vehículos diarios.

Con estos ingredientes, hace ya tiempo que la empresa había reconocido que la situación de su caja, era insuficiente para cubrir los costes operativos.

De hecho, la tardanza de la empresa en cumplir con el pago de algunas sentencias condenatorias por expropiaciones había movido a los abogados a reclamar el embargo de peajes y la intervención judicial en sus cuentas.