Quien ha impulsado la medida ha sido María Dolores de Cospedal. Y quienes la han convertido en ley han sido los parlamentarios populares castellanomanchegos.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con los votos a favor del PP y en contra del PSOE la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento de las Cortes, que hará efectiva la supresión de sueldos de la mayoría de los parlamentarios autonómicos a partir del 1 de enero de 2013.
En la toledana calle del Calvario se escribió este 21 de diciembre de 2012 una página esperanzadora en la historia del parlamentarismo español de ésas que ayudan a que los políticos recuperen la confianza perdida de los ciudadanos.
Allí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, la mayoría absoluta del PP permitió, aun con el voto en contra del PSOE, la aprobación de la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento de las Cortes por la que a partir de enero la mayoría de sus señorías dejarán de cobrar un sueldo y serán remunerados con dietas.
Las Cortes de la región gobernada por María Dolores de Cospedal recuperan así el viejo modelo de los primeros parlamentos autonómicos de la democracia, antes de la profesionalización de la política y del surgimiento de la llamada casta, de los hombres y mujeres que hacen de la política su modus vivendi y se olvidan de la vocación de servicio pública que lleva o que debería llevar aparejada.
Fue a principios de septiembre cuando, durante el Debate sobre el Estado de la Región, Cospedal sorprendió incluso a sus diputados al poner la primera pica de un cambio de modelo que, como defendió este viernes durante su debate el diputado del PP Francisco Cañizares, es un sacrificio «menor que el que tienen que hacer los ciudadanos en tiempos de crisis» y ayuda a ganar «proximidad» con ellos.
Por aquel entonces, hace tres meses y medio, la presidenta castellano-manchega se ganó todo tipo de descalificaciones por parte de los socialistas de Emiliano García-Page, que entre otras cosas la acusaron de demagoga y populista. Pero siguió adelante con su proyecto, y el resultado será que a partir de 2013 el Parlamento se ahorrará anualmente un millón de euros con la supresión de todos los salarios salvo los de los cinco miembros de la Mesa de las Cortes y los de los portavoces del PP y el PSOE, que seguirán teniendo dedicación exclusiva.
El resto cobrará una media de 1.600 euros, entre la indemnización y las dietas que percibirán por asistir a los plenos. El debate previo a la votación no estuvo exento de polémica por la frontal oposición del PSOE, que amenaza con presentar 21 recursos de amparo -es el número de diputados socialistas- al Tribunal Constitucional para pedir su revocación, e incluso con acudir al Tribunal Europeo de Estrasburgo.
Durante el mismo, el socialista Jesús Fernández Vaquero denunció que se está impidiendo a los diputados ejercer su verdadera función: legislar y controlar, y añadió que los parlamentarios de un grupo y otro no van a envidiar el sueldo que sí cobrarán por ejemplo los miembros de la Mesa, sino que envidiarán tener la posibilidad de dedicarse al cien por cien al Parlamento, un derecho que «ampara la Constitución».
«La vocación de servicio público es la que nos sienta en estos escaños. Las ganas de trabajar por nuestra tierra y en la dirección de querer lo mejor para la región», le corrigió el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban.
«Hay que humanizar la política», afirmó al respecto hace un par de meses la propia Cospedal. Aunque no parece que su ejemplo vaya a cundir en otros parlamentos regionales, al menos reconfortará a los castellano-manchegos saber que su clase política no sólo les pide sacrificios, sino que también se los autoaplica.