Para entender los avances actuales en reconocimiento y ayuda a la discapacidad plasmados en la reciente ley de Discapacidad de Castilla-La Mancha hay que remontarse a 1982, cuando la ONU impulsó un Programa de Acción Mundial para discapacitados.
Dicho programa desarrolló una estrategia sobre prevención, rehabilitación y participación de los discapacitados en la sociedad, que fue acompañada de recomendaciones y acciones concretas para lograr este objetivo.
Un año después la Organización Internacional del Trabajo adoptó la Convención nº 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas minusválidas, un acuerdo que supuso un paso más en la ayuda a los discapacitados.
Más tarde la resolución de abril de 1992 fue adoptada por el Consejo de Europa. «Una política coherente para la integración de las personas con minusvalía, ha desarrollado un modelo interesante para la promoción, al interior de los Estados miembros, de la igualdad de oportunidades en favor de los discapacitados», destacaba la resolución.
La nueva ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha no solo pretende regular -facilitar- el acceso de los discapacitados a todos los órdenes de la sociedad, sino que incluye sanciones a la propia administración cuando incumpla algunas de las medidas contempladas en la nueva norma. Es decir, se trata de penalizar la discriminación.
Ese mismo espíritu era el que recogía la Ley contra la Discriminación por Discapacidad que Gran Bretaña aprobó en 1995. Más tarde fue ampliada y enmendada por otras leyes, incluyendo la Ley de las Necesidades Educativas Especiales de 2001, y la Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 2005.
La irrupción y los posteriores cambios en la ley británica sirvieron para crear conciencia en torno a una realidad que la clase política europea no puede obviar. Más si cabe por las cifras ofrecidas desde la Comisión Europea que sitúan en 80 millones el número de discapacitados en toda Europa, alrededor de una sexta parte de la población de la UE.
Por eso en 2010 la Comisión creó una nueva normativa para desarrollar el mercado comunitario de bienes y servicios para los discapacitados, con vistas a aumentar la accesibilidad de los mismos y estimular la economía comunitaria.
Estas medidas forman parte de la estrategia europea para los discapacitados que pretende lograr una Europa totalmente sin barreras para el año 2020. Así lo anunció en su momento la comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding. Para elaborar el plan la comisión ha tenido muy en cuenta las políticas aplicadas en Estados Unidos, lugar en el que, a su juicio, tuvieron un gran éxito tanto en el plano social como en el económico.
La previsión es que a lo largo de la presente década estas medidas generen grandes beneficios sociales al mismo tiempo que repercutan positivamente en la economía europea. Cabe destacar que el mercado europeo dedicado a los dispositivos y servicios para los discapacitados genera cada año cerca de 30.000 millones de euros.
Otro de los avances en el campo de la discapacidad es que todas las normativas actuales han asimilado la definición que la Organización Mundial de la Salud ofrece de la discapacidad. En concreto la OMS define el término -y sus consecuencias- en tres niveles: deficiencia, discapacidad y minusvalía.
La deficiencia se refiere a los síntomas de una enfermedad en un órgano o en la función de un órgano, cualquiera que sea su causa. Así, la deficiencia se define como «toda pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia a ese órgano».
En segundo lugar, por discapacidad se entiende la consecuencia o consecuencias que tiene la enfermedad para la persona. Por ello la incapacidad es toda limitación que afecte de forma permanente a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Por último, la minusvalía alude a las repercusiones sociales que tiene la enfermedad.
«Si la incapacidad es la consecuencia de la enfermedad sobre la persona en cuanto ser privado, la minusvalía es la consecuencia de la enfermedad sobre la persona en cuanto ser social, es decir, las desventajas que le produce la enfermedad para relacionarse con su entorno, materializándose en la dificultad, en unos casos, y en la imposibilidad, en otros, de cumplir con las normas o costumbres que establece la sociedad».
Todas estas directrices se cumplen en la normativa de Castilla-La Mancha. Tanto los legisladores como las principales asociaciones que trabajan en favor de los discapacitados destacan el avance en derechos que supone la ley.
La presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, calificó el texto no sólo como el más completo de España, sino que además coloca a la región a la cabeza de Europa en lo que se refiere a la protección jurídica de los derechos de estas personas.
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, destaca las mejoras en cuanto a prestaciones económicas para los discapacitados.
«El articulo 5 habla de la corresponsabilidad de las administraciones, cada dirección general debe preocuparse de incorporar al presupuesto lo necesario para atender a los discapacitados. Este es un compromiso serio con las personas con discapacidad, para lograr su total inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones»
Prueba de ello es que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, financia con más de 620.000 euros el Programa de Integración Sociolaboral, del que se benefician 140 personas con discapacidad, y el Programa de Atención Residencial, con el que se atiende a 12 personas con discapacidad en tres viviendas tuteladas.