La alianza del PSOE con los podemitas en Castilla-La Mancha obliga a meter enchufados a cuenta del presupuesto público

Primer plazo de la factura que Molina pasa a García-Page: colocar a 40 podemitas

El líder morado en la comunidad manchega no mandará nada, pero lucirá como vicepresidente

Primer plazo de la factura que Molina pasa a García-Page: colocar a 40 podemitas
Emiliano García Page y José García Molina (PSOE y Podemos). CL5

Por primera vez desde su irrupción en política hace más de tres años, Podemos pisa ya la moqueta de los despachos de un gobierno autonómico.

El secretario general del partido en Castilla-La Mancha, José García Molina, lleva ya cinco días como flamante vicepresidente segundo de la Junta. O lo que es lo mismo, el numero tres del gobierno del socialista Emiliano García-Page. Junto a él, la morada Inmaculada Herranz accede junto a Molina al gabinete del barón socialista.

En total medio centenar de miembros del partido morado acceden también a los «privilegios de casta» con un intenso debate entre las propias bases. Lo denuncia la portavoz del PP, Ana Guarinos.

«Page ha abierto la puerta a dos miembros de Podemos para satisfacer sus propios intereses personales ya que sino tendría que coger las maletas e irse a su casa porque no tiene a donde ir después de 30 años subido a un coche oficial».

Guarinos va más allá.

«Page ha vendido Castilla-La Macha por dos sillones, el suyo propio y el de Molina, y por los más de cuarenta asesores que van a formar parte de la nueva vicepresidencia y consejería que van a crear»

El pasado 8 de agosto de 2017, hace justo una semana, Emiliano García-Page, había firmado los cinco decretos por los que se modifica la estructura del Gobierno castellano-manchego y por los que se efectúan los nombramientos de las personas del partido morado que van a entrar a formar parte de la nueva estructura del Ejecutivo regional.

Esta modificación -que se produce en base al acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos- consiste en la creación de dos vicepresidencias, una ocupada por Martínez Guijarro y otra por García Molina, y -en aplicación del artículo 24 de la Ley del Gobierno y el Consejo Consultivo- la creación de la Consejería encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, dependiente de la Vicepresidencia Primera.

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