En la provincia de Valladolid existen actualmente un centenar de municipios sin planeamiento, el 44 % del total, donde viven 11.195 personas
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Valladolid están interesadas en ayudar a los pequeños municipios que carecen de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de planeamiento general propio. De ahí la conveniencia de elaborar unas normas básicas de aplicación general a dichos municipios, que permitan alcanzar de forma sostenible un equilibrio entre la población, las actividades productivas y la protección de los valores naturales y culturales.
En la provincia de Valladolid existen actualmente un centenar de municipios sin planeamiento, el 44 % del total, donde viven 11.195 personas, el 2,14 % de la población de Valladolid, pero cuyo territorio supone el 29 % de la superficie total de la provincia. Es decir, las futuras NUT afectan a un porcentaje de población pequeño, pero a una parte sustancial del territorio provincial.
La Ley de Urbanismo de Castilla y León regula la figura de ‘Normas Urbanísticas Territoriales’ (NUT), cuyo objeto es establecer una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento urbanístico propio.
Estas NUT sustituirán a las vigentes ‘Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal’ que ya han cumplido 20 años, pues fueron aprobadas en 1996.
El convenio firmado esta mañana, que se hará extensivo a todas las provincias en la medida en que las respectivas instituciones provinciales se muestren interesadas, establece que la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos necesarios para la redacción de las normas urbanísticas serán responsabilidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mientras que la Diputación de Valladolid prestará la coordinación y el apoyo técnico necesario a los municipios para redactar el planeamiento.
Los costes económicos, estimados en 200.000 euros, estarán financiados a partes iguales por ambas administraciones. Igualmente, crearán una comisión mixta paritaria para la dirección y supervisión de las acciones contenidas en el convenio, cuya vigencia está prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2018, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuatro años.
