Ya van dos sentencias que anulan otras tantas sanciones de la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña por estar redactadas únicamente en catalán. En ambos casos, la parte sancionadora utilizó el español para dirigirse a la Administración autonómica, que no respetó la elección de lengua del administrado.
El último caso es el de una empresa ilerdense que a principios de 2011 fue sancionada por la Consejería de Empresa y Empleo con 3.000 euros tras un expediente incoado por una infracción de seguridad laboral. Sin embargo, acudió a la justicia apelando que el proceso se había desarrollado solo en catalán.
En marzo de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida dio la razón a la empresa y anuló la sanción de la Generalidad. Pero lo más curioso del caso es que la empresa que había sido sancionada es del entorno nacionalista y su consejero delegado militante de ERC. Además, el bufete de abogados que representó a la empresa ilerdense tiene excelentes relaciones con CiU
De hecho, entre los socios del bufete Cuatrecasas-Gonçalves Pereira se encuenta Albert Raventós Soler. Raventós fue director del Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña entre 2001 y 2003 y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad entre 1988 y 2005.
EMPRESA «PATRIÓTICA»
Sin embargo, el caso de este tema es más sangrante, como recoge La Voz de Barcelona —Hipocresía nacionalista sin límites–, porque la empresa que recurre la sanción es Prefabricados Pujol, compañía que dio origen al Grupo Pujol, un holding familiar, cuyo embrión empresarial nació en el franquismo de la posguerra, y que actualmente se ha hecho con una treintena de sociedades del mundo de la construcción con epicentro en Mollerusa (Lérida) con una facturación de alrededor de 300 millones de euros anuales.
El Grupo Pujol colabora en aquellos proyectos que considere oportunos desde el punto de vista «patrióticos» para Cataluña. Así, la empresa aportó un millón de euros al proyecto fallido de Spanair con esa excusa.
En 2003 se creó la Fundació Pujol i Gorné, que tiene entre sus objetivos el de fomentar «la integración social» de los empleados del grupo para conseguir su «adaptación a la realidad social, cultural y lingüística» de Cataluña.
Su principal accionista, Josep Maria Pujol Gorné, fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Lérida entre 1999 y 2008, y recibió la Cruz de San Jordi en 2009, un galardón que otorga la Generalidad a las personas y entidades sociales que «han destacado por sus méritos y por sus servicios a Cataluña en la defensa de su identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural».
CONTACTOS CON ERC
Por si esto no fuera suficiente para poner en evidencia que una cosa es la patria, aunque sea la chica, y otra el bolsillo. El consejero delegado de Prefabricados Pujol es Jordi Pujol Torrent, designado en 2005 por el entonces consejero de Gobernación de la Generalidad, Joan Carretero (ERC), para dirigir la elaboración del Libro blanco de la función pública catalana.
Durante su época de estudiante de Derecho, fue dirigente del Bloc d’Estudiants Independentistas (BEI) y militante de ERC. En 1994, con 20 años de edad, justificó ante los medios de comunicación el boicot que un grupo de radicales efectuó al entonces líder de la oposición, José María Aznar (PP), cuando se disponía a pronunciar una conferencia en la Universidad de Lérida y que tuvo que ser suspendida.
Pujol Torrent lamentó «los insultos a Aznar, pero no los dedicados a Aleix Vidal-Quadras, un personaje que es nefasto para Cataluña», según recogen las crónicas de aquel acto.
«UN GRAVÍSIMO DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO»
Así, la segunda sentencia del tribunal ilerdense que pone de manifiesto que la Administración autonómica no puede discriminar a los ciudadanos por motivos lingüísticos no deja de ser más sangrante para el entorno nacionalista.
En este sentido, el juez titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida recuerda que el Gobierno autonómico debe someterse a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente respecto al castellano, por lo que la Generalidad no tiene «derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana».
Y recuerda que no es legal remitir escritos únicamente en catalán cuando «el ciudadano libremente eligió la lengua castellana para dirigirse a la Administración», como ocurrió en este caso, en que la Generalidad siguió todo el trámite administrativo solo en catalán. «No es que el uso de la lengua catalana en este caso fuera preferente [para la Generalidad de Cataluña], es que es el único», añade el juez.
Por último, el magistrado advierte de que «la gravedad de la cuestión es que podemos estar ante un incumplimiento sistemático (involuntario o voluntario) de lo declarado con carácter definitivo por el más alto intérprete de la Constitución española» y que, por tanto, «si el incumplimiento es voluntario podemos estar ante un gravísimo desafío al Estado de derecho, y un desacato e insumisión frontal y abierta de la elemental obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces [recogida en los artículos 118 y 164 de la Constitución]».
Preguntado sobre esta cuestión al portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), este señaló que la Administración autonómica cumple siempre las sentencias y se negó a entrar a valorar el auto asegurando que también el Gobierno incumple las sentencias del Tribunal Constitucional.