Los Mossos d'Esquadra, en la investigación inicial, no habían realizado ninguno de esos informes, pero aun así fueron los encargados de los registros de las casas tres años después.
Todo apesta, las pruebas son abrumadores, hubo hasta denuncias en el Parlamento y la corrupción era evidente, pero ni prosperaba la investigación, ni se hacían los trámites preceptivos.
«No hay precedentes de un caso como éste. Si ha habido presiones políticas o no, es imposible probarlo, pero sí se han producido perniciosas dilaciones que han perjudicado a la causa».
Es lo que confiesa a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz de ‘ABC‘ uno de uno de los investigadores del llamado ‘caso Palau‘.
Un caso en que no sólo se cobraron comisiones ilegales a casi todas las empresas del Ibex 35, sino que se desviaron más de 30 millones de euros de esta institución pública, parte de los cuales fueron a financiar de forma ilícita a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y parte, si lo que se trasluce de los informes de la UDEF a lo que también ha tenido acceso Periodista Digital, a llenar cuentas corrientes de los Pujol y de otros jerarcas catalanes.
¿Cuáles son esas dilaciones o movimientos difícilmente explicables?
El más evidente se conoció en julio, cuando el juez instructor, Josep María Pijuán, ordenó a los Mossos d’Esquadra el registro de las viviendas de los dos responsables del Palau, la de Félix Millet en Ametlla del Vallés (Barcelona), y la de su mano derecha, Jordi Montull, en Teia, en busca de «dinero en efectivo, valores y documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado», según el auto dictado. Habían pasado justo tres años desde que estalló el escándalo del Palau y en ese tiempo ninguno de los dos jueces anteriores llevó a cabo esos registros.
La Fundación no se miró
«Hay diligencias de manual que en este caso no se han practicado. A los tres años, lógicamente el juez sabía que no se iba a encontrar ni documentación relevante ni dinero, pero quería asegurar la responsabilidad civil, dado que Millet y Montull declarararon un patrimonio muy por debajo del real», explican fuentes del caso. Esas diligencias de manual no practicadas incluyen que, por ejemplo, la Fundación Trias Fargas de CDC, eje de la operativa de desvío de fondos, tampoco fuera registrada, sino que solo se le pidió documentación.
Algo similar ocurrió con los bancos, que «de manera general incumplieron las obligaciones de identificación» de las personas que cobraron los cheques en ventanilla, causando gran perjuicio a la instrucción, tal y como dictaminaron en sus informes Agencia Tributaria y Policía.
El primer juez instructor, Juli Solaz, fue cuestionado nada más saltar el escándalo en julio de 2009.
La magistrada de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja criticó ese mismo otoño que se tardara más de tres meses en imputar a los saqueadores confesos -Millet y Montull- y que no se adoptara ninguna medida cautelar contra ellos pese a que se llevaron cajas de documentación del Palau, y pese a que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión.
Según la magistrada, la instrucción no era la apropiada ni la habitual en un juez de instrucción.
El Consejo General del Poder Judicial la expedientó a ella y a otro juez, Santiago Vidal, también crítico con la investigación, y los sancionó con una amonestación. El Tribunal Supremo confirmó la sanción a Sanahuja.
En enero de 2011, el juez instructor Juli Solaz, abandonó el Juzgado y pasó a la Audiencia de Barcelona, con el caso en punto muerto.
Dos meses antes, la Fiscalía Anticorrupción le había pedido que abriera una pieza separada para investigar las comisiones pagadas a Convergencia por la constructora Ferrovial, acreditadas en los informes de la Agencia Tributaria.
Durante los siguientes seis meses estuvo al frente del caso un juez sustituto y en mayo del año pasado llegó al Juzgado de Instrucción número 30 Josep Maria Pijuan, decidido a impulsarlo.
Mossos y Policía
Además de otras diligencias en septiembre del año pasado, requirió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realizara dos informes con el fin de seguir el rastro del dinero (no se ha recuperado ni la mitad del desvío).
En mayo de este año, esa unidad policial entregó al juez sus dos dictámenes: uno del análisis de la documentación facilitada por las entidades bancarias, y otro en el que se detalla la existencia de fondos con procedencia ilícita para financiar al partido de Artur Mas, sin duda el más comprometedor.
Este último informe sirvió de base al juez para imponer una fianza a Convergencia de 3,2 millones de euros.
Los Mossos d’Esquadra, en la investigación inicial, no habían realizado ninguno de esos informes, pero aun así fueron los encargados de los registros de las casas tres años después.