En público la consigna es quitarle importancia, pero en privado los miembros del Gobierno, con su presidente al frente, y la cúpula del Partido Popular ya no ocultan que el problema de Cataluña se les ha ido «de las manos».
Admiten que han reaccionado tarde y, lo que es más grave, que no saben muy bien qué hacer para parar la deriva secesionista del Gobierno autonómico de Artur Mas y de ERC.
Por eso, y frente a la consigna obligada del ministro Cristóbal Montoro, afirmando en el Congreso que el desafío independentista catalán no es «una absoluta prioridad» para el Ejecutivo, Cataluña es ahora mismo en Moncloa, una vez que la economía parece encarrilada, «el principal quebradero de cabeza».
Explica José María Triper en ‘El Economista’ que por eso, desde la propia Presidencia del Gobierno se ha empezado a diseñar una ofensiva para contrarrestar las maniobras y la propaganda de los nacionalistas catalanes.
Un plan que tiene también una lectura interna para acallar las críticas por el «silencio y falta de liderazgo» que le atribuyen a Rajoy destacados dirigentes populares y que, en síntesis, tiene tres ejes básicos de actuación: un pacto de Estado con el PSOE, difundir el papel y la actuación del Estado en Cataluña, y reforzar la presencia institucional en esa comunidad autónoma.
En el caso del acuerdo con la otra gran fuerza estatal, desde el Gobierno y el PP son conscientes de que ese pacto de Estado es fundamental para conseguir una unidad de acción y aislar a los nacionalistas, además de ser lo que en estos momentos está reclamando la ciudadanía.
Sin embargo, reconocen también que hay serias dificultades para ello, porque «el PSOE se ha echado al monte», y por la profunda división interna, que tiene en sus filas Rubalcaba.
«A veces uno no sabe si el interlocutor es Pérez Rubalcaba o Susana Díaz o Patxi López«, asegura un destacado parlamentario del Grupo Popular que, sin embargo, matiza:
«No vamos a cejar en intentar ese acuerdo imprescindible».
Apoyo de los empresarios
Dentro de las actuaciones de la promoción del Estado, se enmarca el documento que está preparando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para responder a la supuesta deuda pendiente de 9.375 millones que recoge la «lista de agravios de la Generalitat».
Una lista que el ministro Montoro se encargó de descalificar y desmontar el miércoles en el Congreso.
«No tiene sentido», afirmó, al tiempo que cifraba en casi 38.000 millones de euros el desembolso que ha hecho el Estado para rescatar a Cataluña; 25.975 millones en dos años para hacer frente a la crisis de acceso a la financiación ordinaria de la Generalitat, y otros 12.000 millones más que se dieron para el rescate a CatalunyaBanc.
Además de ese documento, se está pensando en hacer una campaña en los medios de comunicación catalanes sobre las ventajas de permanecer unidos y avisando de que la independencia llevaría al nuevo estado a una «recesión severísima».
En el capítulo de la presencia institucional, se trataría de impulsar la presencia de miembros del Ejecutivo en Cataluña, acompañada de un incremento de actos de Estado e institucionales, en línea con la presencia, ayer, de Mariano Rajoy en la inauguración del Foro Económico del Mediterráneo Occidental.
Un evento que utilizó el presidente del Gobierno para lanzar sus primeros mensajes de amor a Cataluña con frases como que Barcelona es «la honra de España» , además de un modelo del «proyecto en común, que no excluye a nadie».
Para la aplicación de este plan frente al separatismo, el Gobierno está buscando también el apoyo de los empresarios catalanes, a nivel individual y a través de la patronal Foment del Treball.
Un apoyo que una mayoría del empresariado está dispuesto a dar, pero que exige, primero, una definición clara del presidente y su Gobierno, que hasta ahora echan de menos.
Toda esta estrategia se complementaría también con una mayor implicación de las autoridades europeas, insistiendo en el mensaje, cierto e irrefutable, de que una Cataluña fuera de España saldría automática e inevitablemente de la UE y con posibilidades prácticamente nulas de ser aceptada como nuevo miembro de la Unión.
