La consulta soberanista, el compromiso de legislatura más firme de Artur Mas, se encuentra desde hace solo unas semanas sumido en sus horas más bajas.
La fortaleza y seguridad de la que se valía la Generalitat para llevar a cabo su plan soberanista ha comenzado a tambalearse como un castillo de naipes tras la renuncia de Duran i Lleida a su puesto como ‘número dos’ de CiU.
La marcha del político catalán, que, sin embargo, conservará el liderazgo de Unió y su puesto de diputado en el Congreso, fue desvinculada del referéndum catalanista y sus divergencias con Mas por él mismo, aunque la relación de tirantez era evidente desde hacía meses por las posturas distintas mantenidas por Unió y por su socio, CDC.
Duran provocó el primer terremoto del verano en relación a Cataluña, y se conformó como detonante de la siguiente gran explosión: la confesión del expresidente catalán Jordi Pujol sobre su fortuna millonaria sin regularizar desde hace 34 años.
No son pocos los políticos de Convergencia que siguen cuestionando el motivo por el que Pujol eligió este momento para destapar su fraude y, con esto, acabar de un plumazo con su prestigio y con el principal argumento de Artur Mas para pedir la independencia de Cataluña: el dinero que el territorio catalán deja de percibir ‘por culpa’ de España.
La imagen de Pujol ha dilapidado la de CDC, el partido del que fue fundador, en el momento en el que la formación necesita una mayor credibilidad por parte de sus votantes -la intención de voto en las últimas encuestas refleja una caída en picado del partido de Artur Mas, junto a un ascenso de ERC-.
Pujol, conocido como el molt honorable, ha pasado a ser otro nuevo caso de un político que defrauda a Hacienda y que será objeto de una investigación. Con la peculiaridad de que, en este caso, el montante económico parece multiplicarse hasta el infinito.
Pero el castillo independentista de Artur Mas continúa su desmorone sin piedad.
Tal y como apunta el diario ABC, las entidades responsables de la organización de la próxima Diada del 11 de septiembre, la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, están intensificando su llamamiento a la participación en la manifestación con forma de ‘V’ prevista.
El esfuerzo no es casual: si el año pasado, en estas fechas, había 300.000 personas inscritas para participar en la cadena humana, este año solo hay 70.000 personas comprometidas a formar parte de la nueva actividad.
Los ‘líos’ de agosto
Esta semana, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha sido la protagonista del último ‘desinfle’ del sueño de la consulta, al afirmar que no se desarrollará si el Tribunal Constitucional la prohíbe. Artur Mas se vio obligado a restar valor a estas declaraciones y a describirlas como mero producto informativo del mes de agosto.
«Normalmente hay líos», aseguró Mas este miércoles en referencia a las informaciones tendentes a crear polémica durante el mes estival:
«Son una especia de tormenta en un vaso de agua y acaba en nada».
Ortega no es la única en expresar esta opinión. Joan Rigol (UD), también ha asegurado que en sus planes no entra sacar las urnas si la consulta es vetada por los órganos judiciales con competencia para ello.
«No hay ‘plan B'»
Pese a eso, al presidente de la Generalitat no le quedó otra que insistir en que no existe un «plan B» en relación a la celebración de la consulta soberanista, y su idea sigue firme con respecto a que tenga lugar el próximo 9 de noviembre.
Con esto, Mas busca apaciguar los ánimos de ERC y los partidos proconsulta, cada vez más conscientes de que el tiempo pasa, y los obstáculos se multiplican.
