Junqueras desautoriza en términos despectivos lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, formado por "magistrados nombrados a dedo por el PSOE y el PP"
El editorial, con el título «Junqueras ordena», aparecía este 19 de agosto de 2014 en el diario ‘El País‘ y por su indudable interés, tanto por el medio como por el tema, lo reproducimos textualmente:La alianza con ERC que permite gobernar a Mas tiene goteras que cada vez cuestan más disimular.
El líder de ese partido, Oriol Junqueras, exhortó este pasado fin de semana al presidente de Cataluña a desobedecer al Tribunal Constitucional si este prohíbe el referéndum soberanista del 9-N.
Lo hizo, con gran excitación retórica, como respuesta a las dudas de algunas personalidades de CiU sobre las consecuencias de sacar las urnas a la calle ese día al margen de la legalidad y como advertencia a Mas sobre las consecuencias de no hacerlo.
La cuestión no es nueva. En un pleno del Parlamento catalán celebrado el pasado noviembre se votó una moción de la CUP que instaba al Gobierno de Mas a convocar un referéndum unilateral sobre la independencia si el Estado no autoriza uno legal y pactado.
CiU votó en contra y ERC, a favor. Junqueras había declarado meses antes en una entrevista que si el Estado o el Tribunal Constitucional «frenan» la consulta, «esta se celebrará igualmente: se colocan las urnas y se convoca a los ciudadanos».
Frente a las dudas de su vicepresidenta, que había insinuado que tal vez habría que aplazar la consulta si el tribunal la desautorizaba, Mas se limitó a decir que no había un plan B alternativo a la votación del 9-N y que, en todo caso, la respuesta a una posible suspensión se decidiría entre todos los partidos que apoyaron la fecha y las preguntas.
El presidente catalán viene sosteniendo que la consulta será legal porque previamente se aprobará la ley catalana de consultas no refrendarias. Es un argumento equívoco porque la cuestión es qué hará si esa ley es impugnada por el Gobierno central y suspendida por el Constitucional o, en todo caso, suspendida su convocatoria por ese tribunal.
Lo cual ocurrirá con toda probabilidad porque las instituciones catalanas carecen de competencias para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Y en caso de duda, quien decide es el Tribunal Constitucional.
Junqueras desautoriza en términos despectivos lo que pueda decir ese tribunal formado por «magistrados nombrados a dedo por el PSOE y el PP».
Es legítimo criticar el procedimiento para la elección de los miembros del tribunal, pero no puede justificar con esa opinión subjetiva la desobediencia a sus decisiones.
Se trata de respetar las reglas de juego de la democracia, sin que apelaciones a «nuestra sed de justicia y hambre de libertad» puedan eximir de la obligación de acatarlas.
Hay además razones políticas que desaconsejarían ir a un referéndum ilegal si su convocatoria es suspendida.
Es posible que a Junqueras le importe poco la opinión de Merkel, Durão Barroso, Hollande o Juncker sobre el referéndum catalán, pero Joan Rigol, expresidente del Parlamento de Cataluña y una de las personalidades de CiU con dudas, ha declarado recientemente que «sacar las urnas a la calle no sería, de todos modos, suficientemente democrático».
Es decir, carecería de las garantías exigibles para cualquier votación.
OTROS EDITORIAL DE ‘EL PAÍS’ SOBRE CATALUÑA
