Las Comunidades Autónomas más saneadas critican que se premie a las endeudadas
El Ministerio de Hacienda ofreció este 23 de diciembre de 2014 a las comunidades un nuevo plan para mejorar la liquidez regional en unos 40.000 millones en los próximos tres años.
La propuesta del Gobierno consta de tres ejes: un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2015, que ofrecerá préstamos del Estado por un importe de 28.100 millones a un tipo 0% para las administraciones que incumplieron el objetivo de déficit en 2013 (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias, Asturias y Cantabria).
Otro fondo denominado de Facilidad Financiera, que consiste en un crédito de 12.880 millones que estará vigente en los próximos tres años y con un tipo al 0% para los territorios que han cumplido con los objetivos presupuestarios (Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y Extremadura).
Y por último, el Gobierno pondrá en marcha el FLA social, es un fondo de hasta 1.280 millones para pagar las deudas que las comunidades tengan con los Ayuntamientos por los convenios relacionados con servicios sociales y que también estará financiado al 0%.
Este conjunto de medidas supondrá a las comunidades un ahorro de 5.552 millones en intereses el próximo año, según calculó el ministro Cristóbal Montoro tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -el órgano de interlocución entre el Ejecutivo y los consejeros de Finanzas- celebrado ayer.
En la práctica la propuesta de Hacienda supone una quita de una parte de la deuda autonómica porque el Estado les perdona los intereses.
Aunque Hacienda rechaza definirlo como quita y prefiere llamarlo como «reestructuración» de la deuda autonómica, que asciende a unos 230.000 millones de euros, lo cierto es que son las propias comunidades las que admiten que es una quita.
La cita provocó un enfrentamiento entre las comunidades más austeras, que hasta ahora no han necesitado la ayuda de los fondos de liquidez estatales, y Hacienda.
Los territorios más saneados consideran que la propuesta del Gobierno supone un agravio que favorece a las autonomías incumplidoras con los objetivos de déficit público.
