A la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, no le ha sentado nada bien que desde el PP le hayan recordado las innumerables sentencias de los tribunales que condenan a la Generalidad a dejar de aplicar la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.
Durante un debate en el Parlamento autonómico, María José García Cuevas (PP) le ha reprochado a la consejera que una y otra vez se sigan incumpliendo esas sentencias, y le ha tildado en varias ocasiones de «consejera condenada».
Estas palabras no han gustado a Rigau y, según recoge Nació Digital, tras acabar el debate, en los pasillos de la Cámara autonómica, la dirigente nacionalista se ha dirigido a García Cuevas y a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, recriminándoles sus críticas.
«Consejera condenada, ¿pero qué os habéis creído?», les ha espetado. A lo que Sánchez-Camacho le ha preguntado: «¿Qué quireres decir? ¿Es una amenaza?». Pero Rigau ya no ha contestado.
Preguntar por la lengua habitual de los niños a la hoja de preinscripción
Durante la interpelación en el pleno, García Cuevas había exigido a la consejera «moderación y sensatez» para cumplir la legalidad y las sentencias de los tribunales. Entre ellas, las que exigen a la Generalidad preguntar en el modelo de preinscripción para la primera enseñanza (que abarca el último ciclo de educación infantil y el primer ciclo de primaria) cuál es la lengua habitual de los niños, «a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquella la primera enseñanza».
También le ha recordado que la «atención lingüística individualizada» (consistente en dar unas explicaciones complementarias en español a aquel niño que no entienda la clase en catalán) es ilegal, como ha dictaminado el Tribunal Supremo.
Ninguna sentencia avala la inmersión
García Cuevas ha apelado a la libertad de los padres para elegir el modelo lingüístico de sus hijos y le ha exigido a Rigau que aplique el bilingüismo equilibrado, en castellano y en catalán, como vienen ordenando los tribunales desde hace años, y a los que la Consejería hace caso omiso.
«No hay ninguna ley, no hay ninguna sentencia judicial que la avale a usted en esta imposición de la inmersión forzosa. La Generalidad ha perdido sistemáticamente todas las sentencias sobre bilingüismo, y está actuando con deslealtad a la hora de aplicarlas. Son tantas las sentencias, y se las hemos enumerado, se las hemos leído aquí tantas veces que yo creo que no es necesario repetirlas: usted las conoce bien, tiene un equipo jurídico competente pagado por todos nosotros que se lo explica todo y que la asesora bien en sus filigranas jurídicas de casos individuales. Pero ¿sabe qué pasa? Que también las filigranas jurídica tienen un límite. Sabe usted que está llegando al final del camino, y que la estrategia de la tergiversación y de la actuación al margen de la ley ya no da más de sí».
Ni rastro de los colegios públicos que dan algún minuto en castellano
Por otra parte, la diputada autonómica popular ha aludido a una reciente sentencia que condena a la Generlaidad a indemnizar con 3.000 euros a una niña a la que se le sometió a la inmersión lingüística de forma forzosa en contra de la voluntad de sus padres.
Además, ha vuelto a pedirle que señale cuáles son los colegios públicos en los que la consejera asegura que se imparte alguna asignatura en español, pero que se niega a revelar:
«Dice usted que ya cumple la legalidad. Ahora dice que hay un 15 por ciento de colegios públicos catalanes que imparten clases en castellano. Bueno, primera pregunta. ¿Dónde están estos colegios? ¿Qué asignaturas imparten en castellano? Porque si no lo sabemos ¿cómo van a poder los padres llevar a sus hijos a estos colegios?
Mire, yo me he pasado nueve meses preguntándole por la lista de estos colegios. Tengo derecho como diputada, aquí está toda la información. Me la ha negado. Voy a pedir amparo a la Mesa, a ver si la presidenta [del Parlamento autonómico] cumple el Reglamento y lo conseguimos».
Rigau apela a «las libertades» para defender la enseñanza exclusiva en catalán
En su respuesta, Rigau ha negado que existan esas sentencias -pese a que son públicas y ampliamente conocidas- y se ha limitado a señalar que la Consejería siempre ha cumplido de forma «escrupulosa» la legalidad.
«Le recomiendo que se puede ahorrar recordarme lo que ha costado conquistar las libertades, sobre todo la de poder tener la educación propia en Cataluña en la lengua que le es propia».
