La Audiencia Nacional ha dado este miércoles diez días para ingresar en prisión a los ocho «indignados» condenados a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado, al haber participado en los actos de acoso a diputados del Parlamento autonómico en junio de 2011.
En el auto emitido, la Audiencia fija el plazo para que entren en prisión de forma voluntaria en diez días. De lo contrario, ordenará su encarcelamiento.
Los 19 «indignados» fueron encausados por el acoso a diputados autonómicos durante la manifestación de protesta ante un pleno del Parlamento autonómico que abría la puerta a los recortes, fueron en un principio absueltos por la Audiencia Nacional, con el voto particular de un magistrado.
Posteriormente, el Supremo estimó parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la Generalidad y la Cámara autonómica e impuso penas de tres años de cárcel a ocho de los participantes en la protesta, por un delito contra las altas instituciones del Estado.
La defensa podría llevar el caso ante el Tribunal d’Estrasburgo
Los abogados de los jóvenes condenados han declarado que presentarán ante la Audiencia un escrito en el que piden la suspensión de su entrada en prisión mientras el Tribunal Supremo (TS) no resuelva sobre el incidente de nulidad que han interpuesto. Paralelamente, han iniciado los trámites para impugnarla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Además de pedir la suspensión de la ejecución de la condena mientras el Supremo resuelve sobre su petición, los abogados de los «indignados» están estudiando solicitar al Gobierno el indulto de los condenados.
El Tribunal Supremo basó su condena en que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos.
LOS HECHOS
Desde la tarde anterior al 15 de junio de 2011, en que estaba prevista la celebración de un pleno para debatir los Presupuestos de la Generalidad, alrededor de 2.000 personas sitiaron el parque de la Ciudadela de Barcelona, que alberga la Cámara autonómica, con el objetivo de impedir la entrada de los diputados autonómicos.
Algunos de ellos pudieron entrar a pie, no sin sufrir el acoso y las agresiones por parte de algunos de los concentrados, pese al amplio despliegue policial, mientras que otros -entre ellos, el propio presidente autonómico, Artur Mas- accedieron al recinto en helicóptero.
A Montserrat Tura (PSC) le pintaron la gabardina con un spray; a Joan Boada (ICV-EUiA) le acosaron, le lanzaron objetos, le pintaron la cabeza con pintura y tuvo que salir corriendo para evitar más agresiones; Marina Geli (PSC) fue zarandeada por la multitud; Gerard Figueras (CiU) fue acosado mientras pedía auxilio; Alfons López Tena (Solidaritat) fue rodeado e insultado; y el diputado autonómico invidente Josep Maria Llop (CiU) fue acorralado y agredido. También se registraron ataques a periodistas, y las cargas policiales se saldaron con cerca de medio centenar de heridos.