Liliana Godia queda fuera del caso, pero su marido y otro acusado admiten los delitos
Los ricos también lloran, como rezaba el titulo de aquella telenovela mexicana que hizo furor en España en la década de los ochenta, pero algunos, gracias a complicados apaños judiciales, no entran nunca en la cárcel, aunque se lo hayan llevado crudo.
Un pacto a cuatro bandas entre la fiscalía, la abogacía del Estado, la Generalitat y los abogados defensores han permitido que la influyente mecenas e inversora Liliana Godia, su marido, Manuel Torreblanca, y el administrador de algunas de sus sociedades, Francisco Javier Amat Badrinas, se libren de ingresar en la cárcel por defraudar a Hacienda más de cuatro millones de euros.
La Fiscalía de Barcelona no acusa finalmente a la empresaria de delito alguno, aunque la incluyó en la querella que presentó en junio del 2013, por lo que solicita el archivo del proceso judicial contra ella.
Como explica J.G. Albalat en ‘El Periódico de Catalunya’, su marido, Manuel Torreblanca, ha aceptado una pena de 24 meses de prisión por siete delitos contra Hacienda, mientras que el tercer imputado, Francisco Javier Amat, ha admitido la comisión de otros dos delitos, por los que será condenado a 12 meses de prisión.
Con estas penas es previsible que ninguno de estos dos acusados tengan que ingresar en la cárcel, aunque la última palabra, como siempre, la tiene el tribunal. Los dos imputados deben pagar multas que ascienden a 2,4 millones de euros y a indemnizar a la Agencia Estatal Tributaria con 2,2 millones.
Estas cantidades serán desembolsadas de los 5,2 millones de euros que los imputados consignaron en el juzgado en junio del 2013. Además, en septiembre de ese año y en abril del 2014, la familia pagó otros 2,8 millones a la Agència Tributària Catalana.
Fortuna del padre
Liliana Godia heredó una importante fortuna de su padre, el empresario y piloto de fórmula 1, Francisco Godia. El administrador de sus bienes ha sido siempre el acusado Francisco Javier Amat, que eran quien, según el acuerdo, gestionaba el patrimonio y adoptó con «autonomía» decisiones.
El acuerdo agrega que entre el 2007 y el 2011, Manuel Torreblanca se sirvió de sociedades suyas para incumplir su obligación de tributar por las rentas obtenidas en esos años y que logró por los servicios prestados como consejero y administrador de diversas entidades (rendimientos de trabajo) y, adicionalmente, en los ejercicios 2008 a 2011, por su condición de participe en el capital de una empresa.
Para defraudar, Manuel Torreblanca utilizó sociedades vinculadas a él para facturar servicios prestados por el mismo, a la vez que contabilizó como si fueran gastos propios de la actividad empresarial partidas que correspondía a servicios de «uso y disfrute exclusivamente particular de la familia».
