Las elecciones autonómicas de 2010 fueron las últimas que así estaban establecidas en el calendario electoral catalán, elecciones que auparon por primera vez a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat tras quedar apartado del poder pese a ganar los últimos dos comicios por votos.
Su promesa electoral entonces fue la consecución de un pacto fiscal que consiguiera una financiación «justa» para Cataluña. Una promesa que quedaría en nada después del portazo del presidente Rajoy y tras el peor año de la crisis donde Mas se vio envuelto en una espiral negativa (El alucinado plan de Artur Mas para financiar a su Cataluña independiente).
Medidas de ajuste como recortes en sanidad o la subida de tasas universitarias catapultaron a Convergència i Unió a sus horas más bajas (Monjas, actores y faranduleras venden una Cataluña «moderna y progresista» frente a una España «franquista»).
Pero hubo un resquicio de luz al que CiU se agarraró como clavo ardiendo. Una nueva deriva independentista surgida de la crisis y la sentencia del estatut Estatut hizo que Mas subiera al tren secesionista enarbolando toda su gestión y discurso en torno a la bandera.
Como explica Iván Gutiérrez en ‘El Economista’, fue entonces cuando la máquina de billetes de la Generalitat empezó a expulsar fajos a tutiplén para pagar adelantos electorales y una pseudoconsulta, todo en pos de la «libertad democrática de Cataluña» que ha mantenido a Mas en el poder.
Elecciones sin parangón
Si las elecciones de 2010 costaron 26 millones de euros, un 10 por ciento más que sus predecesoras, los comicios adelantados que Mas decidió convocar en apenas un mes en 2012 elevaron el gasto electoral hasta los 35 millones de euros, un 40 por ciento más que las anteriores.
Aunque el dispositivo electoral costó igualmente unos 26 millones, se destinaron otros 8,5 millones para las respectivas campañas de los partidos.
El descalabro que sufrió Mas con la pérdida de 12 diputados en aquellas elecciones donde pretendía conseguir «una mayoría extraordinaria» provocó que el hasta el momento político de centroderecha moderado sufriera una metamorfosis hacia el independentismo más visceral.
En ese caso, el siguiente objetivo era un referéndum que se celebraría dos años después. La consulta del 9 de noviembre de 2014 supuso un nuevo desembolso de 8,7 millones de las arcas catalanas.
Ante la imposibilidad de hacer un referéndum legal, pues el 9N fue impugnado por el Constitucional, surgió la idea de unas elecciones plebiscitarias como «consulta definitiva».
Estos comicios que pretenden decidir el futuro político de Cataluña como si de un referéndum se tratase se celebrarán el próximo 27 de septiembre y costarán un 60 por ciento menos que los de 2012, en parte por la reducción del envío de propaganda electoral.
De hecho se puede calificar que serán unas elecciones muy austeras o baratas, ya que las pasadas autonómicas andaluzas costaron alrededor de 25 millones.
El gasto logístico del 27S se ha cifrado en 15,6 millones, sumado a la campaña informativa con anuncios prácticamente idénticos a los del 9N que elevarán un millón y medio el total según fuentes de la Generalitat.
Todo esto, sin contar cuánto costará la campaña electoral de los diferentes partidos que se cifra entre cinco y ocho millones. En total, la Generalitat ha gastado un mínimo de 60,9 millones de euros en tres años, que no se pueden considerar todos de más ya que en 2014 sí tendría que haber habido unos comicios.
Por otra parte, según fuentes especializadas en la materia, el gasto se podría haber sufragado de forma más eficiente aunando autonómicas con municipales. Pero tal y como se plantearon las municipales como primera ronda del 27S, el ahorro no era algo importante.
Además, el tener el 11 de septiembre, diada nacional de Cataluña, como pistoletazo de salida de la campaña electoral con una manifestación multitudinaria es algo a lo que Mas ni sopesó renunciar.
