Artur Mas, el actual president de la Generalitat, hoy en funciones, y señalado desde el martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pidió al juez declarar en plena campaña electoral.
Concretamente nueve días del final de la misma. Mas va a reclutar 250 jueces para su Cataluña
De las acusaciones directas al Gobierno, de las críticas de Convergència que llegó a denunciar «una persecución política», de las declaraciones airadas de Oriol Junqueras, líder de ERC, afirmando que la imputación de Mas explica por qué Cataluña quiere la independencia, a la revelación informativa de este jueves, ofrecida por el diario El Mundo, en la que se constata que fueron sus abogados, los de Artur Mas, los que pidieron al magistrado que adelantará la citación del president a la de varios testigos que estaban previstos, ya que de esta forma «se hacía valer el derecho de defensa», según ellos, de los imputados.
Este 30 de septiembre de 2015, Artur Mas presumió públicamente y ante los medios de haber sido «democráticamente rebelde».
Así pues, en el caso de que la petición de su defensa fuera cierta (lo que demuestra La Razón aportando el documento en el que los abogados de Mas reclaman al instructor de la causa que tomase declaración a los querellados antes de seguir con los testigos), la actitud del president choca con el argumento empleado, de que ha sido el aparato del Estado quien ha propiciado esta situación, que casualmente coincide con el fin de las elecciones del 27S.
Abonando esta postura de los nacionalistas, el coordinador general de la formación, Josep Rull, también afirmaba ayer que «la imputación de Mas afecta a la dignidad de todo el país».
Mas se obstinó en su declaración en destacar que actuó como un mero servidor a Cataluña, que no desobedeció y que no malversó, ya que según él, algunos gastos como la compra de ordenadores, se ha destinado a escuelas e institutos.
