El Gobierno calcula que apenas 300 de los agentes de la polícia autonómica son independentistas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene preparado un plan con el que contraatacar este mismo 9 de noviembre de 2015, si tras el vodevil de la la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña, Artur Mas, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raul Romeva y los de la CUP se ponen farrucos.
Un plan elaborado en coordinación con varios ministerios que tendrá una implantación gradual en función de cuál sea el ritmo de desafío que llegue desde Cataluña y que alberga como medidas más destacadas la supresión de las nuevas remesas del Fondo de Liquidez y la implantación gradual del artículo 155, cuya primera consecuencia sería la toma del control de los Mossos d’Escuadra.
El diario El Mundo es el encargado de revelar este plan. Se ha venido elaborando en las últimas semanas a través de un gabinete de crisis de facto que ha unido bajo la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría a ministerios como el de Hacienda, Justicia, Administraciones públicas, Economía, Interior, Exteriores y Presidencia.
El primer paso que supondrá es la convocatoria de urgencia del Consejo de Estado para que elabore el informe que dé luz verde al recurso de inconstitucionalidad que presentará el Ejecutivo. Este informe está ya prácticamente redactado y debería llevar a que el Gobierno se reúna en Consejo de Ministros extraordinario mañana o, a más tardar, el miércoles. Allí se dará luz verde a este recurso.
Si las fuerzas soberanistas no van más allá de esta declaración (algo que parece factible debido a la cercanía del 20-D), el Gobierno no tomará más medidas. Ahora bien, si se aprueba la creación acelerada de instituciones independentistas paralelas a las estatales, Moncloa activará un paquete de medidas de mayor dureza.
En primer lugar, suspenderá las nuevas remesas del Fondo de Liquidez. Eso dejaría en jaque al Govern de la Generalitat, toda vez que sería incapaz con casi toda seguridad de pagar a algunos proveedores e incluso las nóminas de sus trabajadores.
El siguiente paso sería que la Abogacía del Estado y la Fiscalía tomasen acciones penales contra los responsables del proceso, esto es, Ana Forcadell, presidenta del Parlament y la persona que asuma la presidencia de la Generalitat, sea Artur Mas o cualquier otra figura.
Y en último lugar, vendría la activación del artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión temporal de la autonomía. Sería un artículo de aplicación progresiva y tendría como consecuencia más rápida y directa la toma de control de los Mossos d’Escuadra, que pasarían a depender de Interior.
El Gobierno calcula que apenas 300 de sus agentes son independentistas, esto es, que no habría problema en dar este paso. Tampoco preven que haya problemas en forma de revueltas populares en las calles de Cataluña.
