El líder del PSOE apoya al PP en la presentación del recurso de inconstitucionalidad sobre la resolución secesionista
¿Cómo un Parlament que se autoexpulsa de la legalidad podrá exigir respeto a las normas que dicte?
Una ley es un contrato universal entre los distintos miembros de una sociedad que fija sus reglas de juego internas. Las reglas son trascendentales, porque sin ellas solo yace el vacío, la ausencia de cauces, la anomia, el caos.
Efectos litigiosos aparte, quien rompe un contrato viene a legitimar a las otras partes contratantes a hacer lo mismo. Las libera moralmente de su obligación contractual.
Pero a las CUP y sus compinches de Convergencia o ERC y demás yerbas, les da igual.
La resolución aprobada por el Parlament para dar inicio a un proceso de independencia será impugnada el miércoles ante el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, el Gobierno en funciones de Artur Mas y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y CUP se dan un mes de plazo para impulsar tres nuevas leyes recogidas en el texto: la del proceso constituyente, la de la Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.
El texto aprobado por la Cámara catalana sostiene que ya no se siente supeditada al Constitucional, al que ve deslegitimado. Estos escenarios se abren ahora:
La resolución será suspendida previsiblemente, de forma provisional, por el Constitucional —es un acto automático al admitir a trámite el recurso del Gobierno—, pero ni la Generalitat ni Junts pel Sí y la CUP acatarán esa suspensión. Las instituciones catalanas pueden entrar, así, en un escenario de desobediencia que el Gobierno, el Constitucional y la justicia ordinaria tendrán que gestionar. La resolución insta al futuro Ejecutivo catalán a “cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados del Parlament”. Pedro Sánchez, líder del PSOE, y Miquel Iceta, del PSC, avisaron de las consecuencias de quedar fuera de la ley.
¿Qué hará Rajoy?
El Gobierno intentará identificar desde el primer momento a los responsables de un eventual desacato a la previsible suspensión del texto. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está en el centro de esta estrategia y podría afrontar una petición de inhabilitación si se considera que no hace lo necesario para frenar la aplicación de la resolución. Algunos altos funcionarios del Parlament podrían verse también afectados. En última instancia, y en cumplimiento de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, se actuaría contra Artur Mas, sobre quien ya pesa una querella por la consulta del 9-N. Xavier García Albiol apuntó una hipótesis que baraja La Moncloa: intervenir la tesorería de la Generalitat como una de las medidas que podría, dijo, encontrar amparo en el artículo 155 de la Constitución.
¿Qué pasos darán Junts pel Sí y la CUP?
Más allá de declarar abierto el proceso hacia la independencia, la resolución apela a que dentro de un mes los diputados independentistas empezarán a elaborar la ley del proceso constituyente, la de la hacienda catalana y la de la seguridad social. El diputado de Junts pel Sí Pere Aragonès aseguró que esto se hará aunque se suspenda la declaración y el Gobierno esté en funciones.
¿Qué leyes se ignorarán?
Además de la referencia genérica que figura en la resolución a obedecer únicamente las leyes emanadas del Parlamento catalán, el anexo del texto cita específicamente algunas normas que dejarían de aplicarse; y otras, catalanas, que, aunque están recurridas por el Gobierno central ante el Constitucional, sí se aplicarían. Entre estas, la conocida como ley de pobreza energética, que pretende garantizar el suministro de gas, luz y agua a personas en riesgo de exclusión social, y realojar a las personas que han sufrido un desahucio. Otra de las medidas es que a partir de ahora cualquier extranjero que viva en Cataluña no deberá esperar tres meses y tendrá de inmediato una tarjeta sanitaria. El texto incluso abre la puerta a incumplir leyes que Convergència apoyó en su día en el Congreso, como la del déficit de las administraciones locales. También se deja la puerta abierta a no aplicar la ley educativa (la LOMCE o ley Wert), en un intento de blindar el modelo de inmersión lingüística en catalán en las escuelas.
