El ministerio Hacienda abre el grifo a Cataluña con una inyección de 112 millones
Tiran la piedra y esconden la mano- Eso, cuando no hacen ejercicios de malabarismo dialéctico para eludir respponsabilidad, después de haber estado meses fanfarroneando como posesos.
El Parlament alega ahora al Tribunal Constitucional que la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre es más «una aspiración o deseo que una disposición vinculante», según el documento enviado al tribunal (El Ministerio de Hacienda da luz verde al pago del FLA a Cataluña destinado a las farmacias).
La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, firma doce alegaciones que piden que el TC no admita a trámite la impugnación promovida por el Gobierno Central al texto de inicio del proceso de «ruptura» con España.
Como anunció el pasado martes, el Parlament ha pedido al TC la anulación de facto de la resolución promovida por Junts pel Sí y la CUP. Las alegaciones reclaman que no se admita esa impugnación, como era de esperar.
Pero lo interesante son los motivos. El propio Parlament cuestiona el poder que tiene la resolución aprobada antes de la investidura y la rebaja a un posicionamiento político. Aunque, eso sí, la justifica diciendo que responde al resultado de las elecciones del 27-S.
La resolución, dice el texto, «es un acto parlamentario de naturaleza estrictamente política». Por eso, prosigue, «no tiene los elementos necesarios para ser objeto idóneo de un proceso jurisdiccional de inconstitucionalidad».
